El apoyo de Compromís al golpe de Estado catalán dinamita al quebrado Gobierno de Ximo Puig

La Comunidad Valenciana está inmersa en una crisis económica e institucional que amenaza con llevarse por delante a su presidente, Ximo Puig, cuyos principales aliados (los diputados de Compromís) apoyan a los golpistas catalanes defendiendo la celebración de un referéndum ilegal que atenta contra el orden constitucional y los principios del Estado de Derecho.

Los mensajes incendiarios en la redes sociales del presidente del parlamento autonómico, Enric Morera, han sido sólo el preludio del posicionamiento oficial de un partido, Compromís, casado por el Pacto del Botánico con el PSOE valenciano, y que no se esconde a la hora de situarse junto a la CUP y la marca blanca de Podemos en la comunidad, tercer socio parlamentario de Puig,  frente a los partidos demócratas. Una vez más, el PSOE baila peligrosamente entre dos aguas.

Ese nacionalismo desaforado, sumado a la creciente deuda pública, el caos en la gestión, las movilizaciones populistas en el sector educativo por la eliminación de los conciertos, la reversión de las concesiones sanitarias y el incendio (litera) de la Ciudad de la Justicia, que ha paralizado los juzgados valencianos amenazan con colapsar a un gobierno, el de Ximo Puig, débil y perdido. La etiqueta de “personal a extinguir” que hace sólo unos días pusieron al personal del departamento de salud de La Ribera –el primero del conocido como modelo Alzira– parece premonitorio para una Comunidad en peligro de extinción.

Superado el ecuador de la legislatura, los ciudadanos ya han vivido en sus carnes a un gobierno que no es capaz de gestionar el presupuesto y deja 1.000 millones sin asignación de sus primeras cuentas; a un conglomerado de partidos que no se ponen de acuerdo para reducir los más de 44.100 millones de deuda –es la segunda comunidad autónoma con más deuda pública en el primer trimestre de 2017 después de Cataluña- pero sí para pedir más financiación al Ministerio de Hacienda; y a unos gobernantes que atacan sin rubor ni pudor a la iniciativa privada en sectores donde tradicionalmente se ha colaborado siempre, como los servicios sociales, la educación o la sanidad.

«El problema es que en esta región ocurren sucesos gravísimos y no pasa nada. Se quema la Ciudad de la Justicia porque no suena la alarma ni hay protocolos de seguridad actualizados, y no pasa nada. Fallecen tres personas por una legionella negada por la Conselleria de Sanidad y no pasa nada. Las listas de espera para una mamografía superan los 12 meses, y no pasa nada. El presidente y la vicepresidenta se ausentan del parlamento durante tres meses, y no pasa nada. El Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad tumba un decreto que coartaba la libertad de los padres para elegir la lengua en la que se educa a sus hijos, y no pasa nada. Es más, en este caso, el gobierno valenciano ha aprobado de urgencia otro decreto para intentar salirse con la suya. Y así, con todo», señalan fuentes parlamentarias de la oposición al ejecutivo regional de Puig.

Nacionalismo, inmersión lingüística obligatoria, creciente deuda pública, criminalización de las empresas privadas, ataques a la libertad de elección y reproches a Madrid parecen situar a la Comunidad Valenciana y a sus líderes políticos como los alumnos aventajados de otro gobierno, el catalán, que está demostrando hasta dónde es capaz de llegar y cuál es el fruto del adoctrinamiento de su población. ¿Será la Comunidad Valenciana la siguiente? El itinerario actual en Valencia parece el mismo que el de Cataluña hace 25 años. Con la diferencia de que hoy las cosas suceden a un ritmo mucho más rápido.