ANFAC denuncia ante Bruselas la prohibición de que coches diésel y gasolina circulen en Baleares

Los fabricantes de coches, representados por ANFAC, han denunciado ante la Comisión Europea y ante el Consejo para la Unidad de Mercado (que depende del Ministerio de Economía y Empresa) la prohibición aprobada por el Gobierno de Baleares de que puedan circular por las islas vehículos propulsados por combustibles fósiles. El Ejecutivo de Francina Armengol pretende que a partir de 2025 ningún coche, moto o furgoneta diésel pueda circular, para 10 años después extender esa prohibición a la gasolina, el gas natural y cualquier hibridación con motores tradicionales que no estén radicados en la región.

En este contexto de hostilidad al coche y al conductor, la Asociación Española de Fabricantes de Vehículos y Camiones (ANFAC) ha recurrido a Bruselas y al Gobierno español en busca de ayuda. El proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética del Gobierno de las Islas Baleares se encuentra ya en avanzada fase de tramitación y pretende discriminar a coches y motos que circulan legalmente en el resto de España y de la Unión Europea.

En un comunicado difundido por los fabricantes, se denuncia que con la nueva normativa tampoco los concesionarios radicados en las Islas Baleares podrán vender vehículos de nuevas tecnologías, como sí pueden hacer los ubicados en el resto de la Península, con el consiguiente impacto económico.

Medidas arbitrarias

En los escritos dirigidos a Bruselas y Madrid, ANFAC afirma que estas medidas son “arbitrarias, inidóneas y desproporcionadas”, “están huérfanas de cualquier respaldo técnico o científico” y suponen “un claro incumplimiento del derecho de la Unión Europea”, así como de la Ley española 20/2013 de garantía de la unidad de mercado, además de ser “inéditas en toda Europa”. La prohibición pretende “atajar un supuesto problema de calidad del aire”, asegura la denuncia, cuando la calidad del aire en las Islas es entre buena y excelente en base al propio Informe de Calidad del Aire 2017 de las Islas Baleares.

En este contexto, ANFAC solicita a la Comisión Europea que inicie un procedimiento por infracción de Derecho comunitario. Al mismo tiempo, pide al Consejo por la Unidad de Mercado que ponga en marcha un procedimiento para evitar que la medida entre en vigor.

Los fabricantes entienden que la prohibición de Armengol incumple flagrantemente la libertad de circulación de mercancías y personas, la libre prestación de servicios, el marco europeo de homologación de vehículos de motor, los procedimientos en materia de reglamentaciones técnicas e incluso, subsidiariamente, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea al “afectar gravemente al normal funcionamiento del mercado e incidir de manera gravosa y perjudicial a la libertad de circulación de mercancías”, afirman en la denuncia. Además, supone un “grave obstáculo para la unidad de mercado español y tendrá unos efectos muy negativos” para el sector.