Alcoa recurrirá ante el Supremo la decisión de la Audiencia sobre las plantas de La Coruña y Avilés

Alcoa ha anunciado la intención de presentar un recurso ante el Tribunal Supremo contra la decisión de la Audiencia Nacional de condenarla a cumplir las condiciones de extinción de contratos y recolocación de trabajadores de sus plantas de Avilés (Asturias) y La Coruña pactadas en 2019 por la venta de esas instalaciones.

La multinacional estadounidense del aluminio indica en un comunicado que iniciará los trámites para recurrir la sentencia de la sala de lo social de la Audiencia Nacional ya que «no comparte el resultado de este fallo» aunque «respeta las decisiones de los tribunales españoles».

Alcoa alega que «ha actuado en todo momento conforme a derecho y ha cumplido de forma rigurosa con todos los compromisos adquiridos en el contrato de venta de las plantas de Avilés y Coruña al grupo Parter y en los acuerdos firmados con los representantes de los trabajadores de ambas fábricas».

Por ello, señala que no puede ser considerada responsable «de los incumplimientos en los que puedan haber incurrido terceros» y de «las obligaciones que asumieron en el contrato de compraventa de las plantas».

Destaca que el proceso de venta «fue supervisado y avalado en todo momento por el Ministerio de Industria» y tuvo el «respaldo» de los gobiernos de Asturias y Galicia y de los representantes de los trabajadores, que «revisaron el plan industrial de Parter», añade.

Alcoa considera que la sentencia muestra «los riesgos de venta de unas plantas estructuralmente inviables en la que el vendedor es el que contribuye económicamente en la transacción, a pesar de contar con la supervisión de todos los actores involucrados en el proceso» e indica estar «analizando cómo afecta esta sentencia a su situación actual en España».

La multinacional subraya que en octubre de 2018 inició un proceso de «despido colectivo» debido a la «inviabilidad de la producción de aluminio primario en las plantas de Coruña y Avilés» y el 15 de enero de 2019 acordó con los trabajadores «unas indemnizaciones muy superiores a las legalmente previstas».

«Alcoa aceptó también mantener parte de la actividad productiva y 205 empleados en ambas plantas en fundición y torre de pastas», apunta, y señala que el acuerdo también establecía una «parada ordenada de las cubas de electrólisis», actividad «insostenible» por «causas estructurales, incluida la falta de un marco energético competitivo para la producción de aluminio primario en España».

En base a una petición de los gobiernos central y autonómicos, sindicatos y propios trabajadores, con el objetivo de dar una nueva oportunidad a las plantas, el acuerdo también preveía la «alternativa de intentar una venta de las instalaciones a un tercero que pudiera dar viabilidad industrial a las mismas», recalca.

Según la empresa, el grupo helvético Parter fue «el único candidato que avanzó hasta el final de las negociaciones presentando una oferta por las dos plantas».

Así, Alcoa dice haber cumplido «en todo momento» los compromisos adquiridos, al haber «tratado de dar una oportunidad de reindustrialización a unas plantas afectadas por dificultades estructurales» y haber «desembolsado» en sus plantas de La Coruña y Avilés «más de 75 millones de dólares», de los hasta 95 millones de dólares puestos a disposición en la transacción, para gastos operativos y de capital asociados con el reinicio de las cubas de electrólisis o la reindustrialización de las plantas.

También alega que presentó una «demanda» contra Parter por incumplimiento del contrato de venta de las plantas de Avilés y A Coruña, que incluía «ciertas obligaciones legales» que considera que la firma helvética ha «incumplido», como la venta posterior de las compañías a Iberian Green Aluminium Company, S.L. (antes “GIR” o Grupo Industrial Riesgo).

Alcoa asegura que no tenía conocimiento previo de dicha transacción posterior de Parter y que al tenerlo presentó dicha demanda.