Albella defiende que «sería una pena» que el nuevo Gobierno acabara con las sicavs

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, ha sostenido que «sería una pena» que el nuevo Gobierno lleve a cabo medidas que puedan poner fin a las sociedades de inversión de capital variable (sicav), porque llevaría a la deslocalización de empleos de la banca privada y disminuiría el interés en invertir en activos españoles.

España contaba con 2.569 sociedades de inversión de capital variable a cierre de 2019, con un patrimonio de unos 30.000 millones de euros, por lo que constituyen «un vehículo muy importante» que «es posible que se vea afectado por algunos cambios» según menciona el acuerdo de coalición de Gobierno de PSOE y Podemos, ha argumentado el presidente de la CNMV este martes.

Estas sicav están asesoradas por empresas de servicios de inversión, cada año tienen que ser auditadas, tienen secretarios y abogados, es decir, «constituyen un tejido», que podría «deslocalizarse» al extranjero, lo que «sería una pena», ha explicado Albella en las jornadas ‘Regulación, consolidación y otras tendencias en la gestión de activos’ organizadas por KPMG.

«En la medida en que los vehículos no sean españoles, su propensión a invertir en activos españoles es inferior y a todos nos interesa que haya un máximo interés en invertir en empresas españolas», ha enfatizado el presidente de la CNMV.

En este sentido, Albella ha asegurado que la CNMV estará «atenta a estas propuestas, con espíritu constructivo y con el máximo respeto», toda vez que ha reconocido que «sería muy bueno que cesara la incertidumbre» sobre esta opción de inversión colectiva.

Mientras tanto, la CNMV «tratará de contribuir a que se valore a este vehículo de inversión «abierto y transparente» por lo que es y «sin prejuicios ni leyendas», ya que «son técnicas equivalentes a los fondos de inversión», ha recordado Albella.

En cuanto a las restricciones en el número de inversores, Albella ha explicado que España y Portugal son los dos únicos países con este requisito, ya que a nivel europeo la condición de inversión colectiva se vincula más al carácter abierto del vehículo.