La AIReF advierte: las comunidades deben tener un límite de déficit para 2024

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, ha advertido este martes de que las comunidades autónomas necesitan un cierto límite de déficit para 2024 con la que elaborar sus presupuestos aunque las Cortes estén disueltas.

Durante su intervención en el evento La nueva gobernanza europea y la fiscalidad en España organizado por CCOO, Herrero ha recordado que, aunque las nuevas reglas fiscales europeas todavía no están aprobadas, la Comisión Europea sí ha fijado una limitación del aumento del gasto que puede llevar a cabo España en 2024.

Esta referencia hay que «tenerla en cuenta en la ejecución (presupuestaria) de 2023» y la elaboración de los presupuestos de 2024, porque puede suponer la entrada del país en procedimiento de déficit excesivo ya en la primavera del próximo año, lo que implica a todas las administraciones.

Para repartir este objetivo entre los diferentes subsectores, normalmente el Ministerio de Hacienda reúne al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y a la Comisión Nacional de Administraciones Locales (CNAL) para presentarles la distribución de la meta, que lleva a las Cortes.

Ahora, con las Cortes disueltas, «¿qué hacemos?», se ha preguntado Herrero, que apuesta por «alguna especie de acuerdo» con ambos organismos que, aunque no tenga fuerza legal, permita a los subsectores contar con referencias para elaborar sus presupuestos para 2024.

Planificar en la nueva legislatura

Más allá de resolver la situación en 2024, Herrero ha instado a aprovechar el futuro inicio de la legislatura para presentar una planificación fiscal a medio plazo como exigen las nuevas reglas fiscales europeas, una «oportunidad» que ha extendido a todos los niveles de gobierno, tanto administración central como comunidades autónomas y corporaciones locales.

Las nuevas reglas fiscales europeas, todavía en proceso de aprobación, prevén que sean los propios gobiernos quienes diseñen sus planes de consolidación fiscal, en función de su situación de partida y para un periodo de cuatro años, extensibles a siete años si se comprometen ciertas reformas.

Herrero ha asegurado que la reforma de las reglas fiscales europeas conllevará cambios en las nacionales, entre ellos la implementación de objetivos de déficit personalizados para comunidades autónomas o ayuntamientos.

Al igual que cada país de la Unión Europea tendrá su propia senda de consolidación fiscal, «ya no va a ser posible» tener objetivos únicos para todas las regiones o ayuntamientos, sino que las metas se fijarán «de abajo a arriba» teniendo en cuenta su situación particular.

También habrá que trasladar al ámbito nacional la planificación a medio plazo recogida en las nuevas reglas fiscales europeas, «aclarar» la regla de gasto para que todas las administraciones puedan monitorizarla y «potenciar la coordinación», lo que incluye que también la administración central esté sujeta a supervisión.

La traslación de las reglas fiscales implicará, además, «hablar de los desequilibrios de deuda, la reforma del sistema de financiación autonómica o reformar el procedimiento presupuestario», que está «muy fragmentado», ha advertido.

En el acto inicial, el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Antón Costas, ha subrayado la necesidad de «construir un cuerpo de ideas» que demuestre que «una buena política social» es indispensable para impulsar el crecimiento económico, tras décadas en que la teoría económica aseguraba que lastraba la eficiencia.