La Audiencia Nacional investigará a Fainé, Gortázar y otros directivos de CaixaBank por la compra de BPI

La Audiencia Nacional investigará al expresidente de La Caixa, Isidro Fainé, y a otros seis directivos de Criteria Caixa y CaixaBank por su actuación en el proceso de compra del banco portugués BPI. El juez José de la Mata ha admitido a trámite una querella presentada por dos accionistas contra el directivo y la entidad por dos operaciones presuntamente irregulares.

Desde CaixaBank reafirman que «todas las operaciones realizadas para la toma de control de BPI, así como la permuta de las acciones en BEA y GF Inbursa con Criteria, fueron realizadas en cumplimiento estricto de los requisitos legales y sometidas al conocimiento o autorizaciones de los reguladores pertinentes».

La querella también se dirige contra el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, el ex director general de relaciones internacionales Antonio Massanell, dos asesores de la presidencia, Alejandro García Bragado y Oscar Calderón, y el director de cumplimiento normativo, Juan Antonio Álvarez García.

Además, incluye a David K.P. Li, consejero de Criteria Caixacorp y presidente del Bank of East Asia (BEA).

En el auto de admisión de la querella, con informe favorable de la Fiscalía, el magistrado considera que los delitos objeto de investigación en este caso son supuesto abuso de mercado (información privilegiada), administración desleal y delitos societarios (tanto por falsedad de cuentas anuales o de documentos que deban reflejar la situación jurídica y económica de la entidad como por la imposición de acuerdos abusivos en la junta de accionistas).

La querella relata una serie de operaciones presuntamente irregulares en torno al contrato de permuta de CaixaBank con su accionista Criteria (hecho relevante del que se informó a la CNMV el 3 de diciembre de 2015) y cuyo fin último era la compra del banco portugués BPI, así como el crédito de 400 millones concedido al Banco Financiero de Angola (BFA) para que eliminara las restricciones a la adquisición de la entidad lusa.

CaixaBank, que mantenía una participación minoritaria en el BPI desde 1995, cerró con éxito en 2017 su Oferta de Adquisición Pública (OPA) sobre el banco portugués y pasó a controlar el 84,5% de su capital, gracias a un desembolso de 644,5 millones de euros.

Según el auto, la entidad española llevo a cabo una permuta de acciones con BEA para poder entrar en el accionariado de BPI, que a la postre le habría producido a la entidad un perjuicio de 687 millones de euros, aunque en su momento los administradores sólo habían reconocido un impacto negativo de 14 millones.

Asimismo, en las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2017 se recogía una pérdida de 102 millones de euros, efecto de la «toma de control sobre el banco BPI».

Los dos accionistas que han presentado la querella sostienen que CaixaBank concedió un préstamo de 400 millones de euros a Banco de Fomento de Angola (BFA), con objeto de que Isabel Dos Santos, hija del presidente de aquel país y que controlaba cerca del 10 % de BPI, apoyara la entrada de la entidad catalana en el banco luso.

Según el auto del titular del juzgado central de instrucción n 5, José de la Mata, al tiempo que se realizaba la compra de BPI -para lo cual fue «determinante» que Isabel dos Santos eliminara las restricciones-, se produjo además otra operación, la venta del 2 % de BFA a Unitel, la mayor operadora de telecomunicaciones de Angola que pertenece parcialmente a la inversora.

La relación del BPI con Dos Santos -considerada la mujer más rica de África- arranca en septiembre de 2008, cuando la entidad lusa vendió el 49,99 % del BFA a Unitel y se quedó con el 50,01 % restante.

El juez aclara que el caso compete a la Audiencia Nacional por lo elevado del importe, y por el supuesto perjuicio ocasionado tanto a la entidad como a sus accionistas.

Los querellados, prosigue el magistrado, «utilizaron resortes económico-financieros o regulación mercantil especializada para llevar a la realidad sus intenciones, que por otra parte tenían gran trascendencia económica para la institución, máxime en un momento de aguda crisis bancaria».

Los delitos societarios que se investigan son falsedad de cuentas anuales o de documentos que deban reflejar la situación jurídica y económica de la entidad, y la imposición de acuerdos abusivos en la junta de accionistas.

De la Mata ha solicitado diversa documentación a Caixabank, entre ella la relación de miembros del consejo de administración entre 2015 y 2017 y de la comisión de auditoría y control, así como los integrantes de la comisión de consejeros independientes creada «ad hoc» para el análisis de la operación de permuta y la información que manejaron