Acuamed, la empresa pública que creó Zapatero tras cargarse el Plan Hidrológico Nacional

¿Se acuerdan de Cristina Carbona? Fue ministra de Medio Ambiente en la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero y la artífice de acabar con el Plan Hidrológico Nacional (PHN) y el trasvase del Ebro. Fue la primera decisión económica que tomó el presidente del Gobierno tras las elecciones generales de 2004 y estuvo marcada por un alto componente ideológico. El proyecto ya contaba con financiación europea y fue fulminado mediante un Real Decreto.

Para solucionar los problemas de sequía, el Gobierno socialista creó una sociedad pública, Acuamed, que para asegurar el abastecimiento a la cuenca mediterránea, que tenía graves problemas en los regadíos por la derogación, impulsando un proyecto de desaladoras que ha sido un fracaso. Cerca de las tres cuartas partes de las plantas previstas siguen sin funcionar y no son una alternativa viable desde un punto de vista económico para la agricultura.

Los números reflejan un gran despilfarro, ya que desde el primer momento hubo sobrecostes, duplicándose las inversiones previstas hasta rozar los 1.340 millones de euros. Tras la salida de Zapatero de La Moncloa, el PP ha destinado otros 1.650 millones de euros más a la construcción de estas plantas.

El objeto social de Acuamed, según la redacción dada por acuerdo del Consejo de Ministros, de 22 de julio de 2005, consiste en “la contratación, construcción, adquisición y explotación de toda clase de obras hidráulicas y, en especial, de aquellas obras de interés general que, en cumplimiento de lo dispuesto en la norma que modifica la Ley del Plan Hidrológico Nacional, se realicen en sustitución de las previstas en su día para la transferencia de recursos hídricos”.

Además, la empresa se encarga de gestionar “los contratos para los estudios, proyectos, construcción, adquisición o explotación de las obras (…) así como el ejercicio de aquellas actividades preparatorias, complementarias o derivadas de las mismas”.

La empresa nació con un capital social de 1.530 millones de euros, que fue “totalmente suscrito y desembolsado por el Estado Español, único socio fundador y titular de todas las acciones que integran el mismo”.

Los regantes reclaman la recuperación del PHN

La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) ha reclamado en numerosas ocasiones que se recupere el derogado PHN. Precisamente, con motivo de las pasadas elecciones, pidieron a los partidos un “pacto nacional que permita al Estado reforzar sus competencias constitucionales sobre el dominio público hidráulico para asegurar así un horizonte estable en materia de aguas”.

“Concretamente, la gran asignatura pendiente con la que se encontrará el nuevo Gobierno es diseñar una política hidrológica largoplacista a través de un Pacto de Estado para que los planes de cuenca que se proyectan en una legislatura se ejecuten durante el ciclo político que corresponda sin depender de las prioridades de quien gobierne entonces”, indican los regantes.

Y es que a al batalla ideológica se suma el aspecto competencial de las regiones, ya que en la actualidad “existe una visión localista del agua” impuesta por las comunidades autónomas, lo que va contra  que va contra el principio constitucional de unidad de cuenca

Según el presidente de Fenacore, Andrés del Campo, “si el Gobierno asegura una postura firme evitando plegarse a las presiones de las autonomías, se podrán respetar los plazos de los ciclos de planificación y, por tanto, llevar adelante finalmente el Plan Hidrológico Nacional. A pesar del impulso que se le ha dado en esta última legislatura, todavía quedan planes de cuenca pendientes de aprobar para cerrar el segundo ciclo que esperamos no peligren con el cambio de Gobierno”.