Ábalos se lava las manos en el conflicto Taxi-VTC: «No es un problema nacional»

«Son dos actividades que se desarrollan en el espacio estrictamente urbano y cuya regulación normativa corresponde a las comunidades autónomas o a los ayuntamientos», según asegura el ministro que, por ello, considera «absurdo» que se pida una norma nacional cuando se trata del transporte urbano.

Ábalos solicitó así que el problema «no se enquiste» y llamó a que «se busque un plano de equilibrio para que ambas actividades, que se prestan estrictamente en el espacio urbano, puedan convivir».

En este punto, aseguró estar preocupado por el hecho de que «no se abran canales o se busquen excusas para no abordar el problema mientras se descalifica a otros para justificar la propia incapacidad».

Según aseveró, el Real Decreto que el Gobierno aprobó sobre VTC en septiembre de 2018 «faculta a las comunidades y ayuntamientos a regular esta actividad» y «es una norma legal que obliga y que no está sometida a consideraciones», por lo que insistió en que «son las comunidades y los ayuntamientos quienes tienen la capacidad para regular el sector».

Asimismo, consideró que «no es bueno» que «ninguna actividad se vaya o se vea forzada a marcharse», en relación a las advertencias lanzadas por Uber y Cabify de que saldrán o se verán expulsadas de Barcelona en caso de que prospere la normativa que prepara el Govern para obliga a contratar un VTC con una antelación de una hora.

«Yo me encontré un problema cuando llegué al Ministerio», recordó Ábalos en referencia al paro que los taxistas secundaron en julio de 2018, que en Madrid se tradujo en una concentración que bloqueó el Paseo de la Castellana de Madrid a la altura de su Ministerio.

Asimismo, aseguró que entonces fueron los taxistas los que pidieron que una misma administración regulara tanto al servicio del taxi como a los VTC, «porque no era de recibo que existiesen dos autoridades regulando sendas actividades que tienen que ver con el transporte urbano».

Actividades urbanas

Por ello, atendió una petición para «equilibrar dos actividades que se desarrollan en el espacio estrictamente urbano» y cuya regulación normativa corresponde a las comunidades autónomas o a los ayuntamientos, por lo que considera «absurdo» que se pida una norma nacional cuando se trata del transporte urbano.

Asimismo, ha reconocido que nadie confiaba en que fuera capaz de «resolver» esta situación y creyeran que sería su «gran fracaso». «Pero a través del Real Decreto se reubicó en su espacio la regulación de ambas actividades y ahora lo que toca es solucionar el conflicto, para lo que es necesario voluntad», remarcó.

Además, Ábalos garantizó que la regulación que aprobó el Gobierno, y que convalidó el Congreso, es «respetuosa con las expectativas y los derechos generados» para las actuales VTC, dada la moratoria de cuatro años y el sistema que se habilitó para, en su caso, dar eventuales compensaciones adicionales.