Accionistas e inversores demandarán también a Colombia por la expropiación de Electricaribe

Varias asociaciones de inversores internacionales y de accionistas minoritarios iniciarán acciones legales contra el Gobierno de Colombia por la expropiación de Electricaribe a Gas Natural Fenosa. Por lo tanto, la empresa española no será la única que demande al Ejecutivo de Juan Manuel Santos en un proceso arbitral por el cual reclama una indemnización de más de 1.000 millones de dólares.

Según ha informado en un comunicado el despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo, la protección a los derechos de los accionistas minoritarios en diferentes países latinoamericanos y la liquidación Electricaribe han sido objeto de «preocupación y análisis» a lo largo de varias reuniones de trabajo mantenidas en Washington DC.

Los accionistas se han reunido con representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con ocasión de la entrega y presentación del informe internacional sobre la Seguridad Jurídica y la protección a la inversión en Iberoamérica, elaborado por encargo de la World Federation of Investors (WFI) y la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec), que fue avanzado en exclusiva por OKDIARIO.

En este sentido, estas asociacionesde accionistas  han destacado «la zozobra e inseguridad» generada por casos como el de Electricaribe, cuya intervención y liquidación «ha puesto en evidencia» el hecho de que algunos de los países más importantes de la región hayan postergado reformas necesarias para garantizar mayor autonomía de los organismos sectoriales de regulación y supervisión, señala.

Además de los organismos mencionados de la capital federal americana, este informe se ha presentado simultáneamente ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Corporación Andina de Fomento (CAF), y está siendo analizado por las más importantes asociaciones internacionales de defensa de los accionistas minoritarios reunidas en la ciudad belga de Gante, indica el despacho.

El estudio pone de manifiesto como la descoordinación y la sombra de la corrupción política lastran y ponen en riesgo la incorporación del país colombiano a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), organismo que agrupa a los 35 principales países del planeta y que tiene como objetivo coordinar sus políticas económicas y sociales para fomentar el crecimiento y el empleo.

Los dos principales elementos que se valoran son la salvaguarda de la calidad regulatoria (normas emanadas de procesos transparentes y participativos, atención a la tutela judicial efectiva, motivación suficiente y no confiscación) y la existencia de autoridades regulatorias independientes (nivel de neutralidad competitiva e imparcialidad).

En el lado positivo se encuentran Perú, México y Argentina, que han recuperado y consolidado su percepción como destinos seguros para la inversión extranjera, según el citado (y exhaustivo) estudio multidisciplinar sobre la seguridad jurídica y la protección a la inversión en Latinoamérica, con una consideración específica de los sectores regulados de la energía y las telecomunicaciones.

El informe analiza el grado de institucionalidad de los países latinoamericanos más representativos según el grado de protección de las inversiones extranjeras de cada uno.  Además, considera las recomendaciones de la OCDE sobre garantías normativas, y detalla tanto la situación jurídica e institucional de cada país (en como la evolución previsible de la gobernanza en cada caso.

Y es precisamente aquí donde Colombia suspende, ya que el Gobierno de Santos no ha sido capaz de detener un deterioro severo de los citados parámetros,  que es especialmente alarmante en lo referente a la amplia brecha institucional interna respecto a las recomendaciones formuladas desde la OCDE.

Colombia: «severo retroceso de la seguridad jurídica»

“En Colombia se ha producido un severo retroceso de la seguridad jurídica para inversores extranjeros. Si bien la posición geoestratégica del país ha crecido exponencialmente (de ahí su actual proceso de incorporación a la OCDE), la independencia y autonomía de las autoridades reguladoras y supervisoras se ha resentido gravemente ante las presiones electorales y la tensión populista”, indica el estudio.

“Los reguladores colombianos mantienen una estructura confusa y descoordinada, especialmente en energía, minas y telecomunicaciones. La situación se agrava por un sistema de superintendencias no demasiado independiente y la creciente sospecha de corrupción”, indica el informe en referencia.

Como ejemplos de inseguridad jurídica en Colombia, el documento cita la citada intervención de Electricaribe por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que ha arrebatado la compañía de la gestión de Gas Natural Fenosa, grupo español que tiene el 85% del capital. El estudio destaca también un incremento de la inseguridad en casos de arbitraje internacional como los de Glencore PLC, Cosigo Resources, América Móvil, Telefónica o Anglogold Ashanti.

Otro de los países que peor salen parados en el informe es Bolivia. “La política de nacionalizaciones aceleró la salida de capitales (más de 20 empresas internacionales relevantes afectadas), sin que se haya promovido una estructura productiva propia”, indica.

Entre las compañías más afectadas se encuentran Empresa Transportadora de Electricidad TDE, Empresa Eléctrica Guaracachi, Rurelec PLC, Repsol YPF o Entel, entre otras.