El aviso de la OCU sobre estos encurtidos: tíralos inmediatamente
Los encurtidos llevaban caducados cinco años
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La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha instado a evitar el consumo de diversos encurtidos de la marca Corbí. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ya había señalado hace algunas semanas que estos productos no cumplían con los requisitos de seguridad alimentaria. Las recientes investigaciones han esclarecido las razones detrás de esta alerta sanitaria. Tras una denuncia anónima, el Seprona de la Guardia Civil descubrió que se almacenaban productos no aptos para el consumo en latas oxidadas, con fechas de caducidad que en algunos casos superaban los cinco años.
Para eludir la disposición de estos productos, la empresa optó por mezclarlos con productos que sí eran aptos, en proporciones que alcanzaban hasta el 10%. Esta irregularidad llevó a la confiscación de 80 toneladas de producto y resultó en la detención del gerente de la empresa por un delito relacionado con la salud pública. La OCU informó que las autoridades de la Comunidad Valenciana notificaron el incidente a la AESAN y a las autoridades sanitarias regionales a través de la Red SCIRI, para asegurar la retirada de los productos afectados. Los encurtidos se distribuyeron inicialmente en varias comunidades, como Cantabria, Comunidad Valenciana y Andalucía, entre otras.
Alerta de la OCU por varios encurtidos de la marca Corbí
La OCU ha emitido una alerta sobre varios encurtidos de la marca Corbí. Cabe señalar que la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ya había advertido previamente que estos productos no eran aptos para el consumo. La alerta sanitaria se originó tras una denuncia anónima que llevó al Seprona de la Guardia Civil a descubrir que los productos estaban almacenados en latas oxidadas y, en algunos casos, con fechas de consumo que superaban los cinco años.
La empresa había mezclado estos productos no aptos con productos aptos en proporciones de hasta el 10%, lo que resultó en la inmovilización de 80 toneladas de mercancía y la detención del gerente de la empresa por un delito contra la salud pública. La incidencia fue reportada por las autoridades de la Comunidad Valenciana a través de la Red SCIRI, y la AESAN, junto con las autoridades sanitarias de otras comunidades autónomas, verificaron la retirada de los productos afectados del mercado.
Los encurtidos de la marca Corbí involucrados son los siguientes:
- Cóctel de aceitunas en formatos de 9 kg, 4,5 kg, 2,25 kg, 2,4 kg, 600 g, 500 g, 400 g y 250 g.
- Aceitunas partidas Jaén en envases de 9 kg.
- Piparras dulces en aceite de oliva en tarros de 1,6 kg y 220 g.
Originalmente, los encurtidos se distribuyeron en Cataluña, Comunidad Valenciana, Cantabria, Comunidad de Madrid, Andalucía, Islas Baleares, Murcia, Extremadura y Castilla-La Mancha. No obstante, es posible que hayan sido redistribuidos a otras regiones.
Se aconseja a los consumidores revisar sus despensas y desechar estos productos si los han adquirido anteriormente. «Estos productos no son aptos para el consumo. Si eres consumidor de encurtidos, revisa que no tengas algún producto afectado en tu despensa y si es así, deséchalo».
Red de Alerta Alimentaria de AESAN
La «Guía Nacional de Gestión de Alertas Alimentarias», elaborada por el Órgano Permanente para la Seguridad Alimentaria (OPSA) con la participación de entidades como AECOC, ACES, ANGED, ASEDAS, Cooperativas Agroalimentarias, FIAB, Hostelería de España y Marcas de Restauración, en colaboración con la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), ofrece directrices para la gestión de alertas alimentarias. Este documento orientativo y voluntario facilita a las empresas, especialmente a las pymes, la interpretación e implementación de los requisitos legales en este ámbito, integrando lecciones aprendidas en el sector agroalimentario.
La guía proporciona buenas prácticas para la investigación, gestión y comunicación durante alertas alimentarias, así como directrices claras sobre la coordinación con las autoridades competentes. Incluye los puntos de contacto de las comunidades autónomas y especifica la información necesaria para notificar a las autoridades competentes en caso de que haya un problema. La actualización de junio de 2024 incorpora un capítulo nuevo con herramientas para la verificación del sistema de gestión de alertas, como un cuestionario de autoevaluación y recomendaciones para simulacros.
La red de alerta alimentaria, según el artículo 25 de la Ley 17/2011 y los artículos 50 a 52 del Reglamento (CE) Nº 178/2002, se encarga de proteger la salud pública y gestionar los riesgos alimentarios mediante el intercambio rápido de información entre autoridades, empresas y consumidores. Los operadores económicos deben retirar del mercado productos no seguros, informar a las autoridades, y cooperar en las medidas adoptadas, así como recuperar los productos si ya se han distribuido a los consumidores.
En caso de un problema alimentario, la comunicación debe hacerse a la comunidad autónoma correspondiente o a la autoridad competente que supervise el establecimiento involucrado. La información a suministrar incluye datos completos del producto y del establecimiento destinatario, y debe seguir un modelo común acordado entre AESAN y asociaciones del sector para asegurar la precisión y eficiencia en la transmisión de información.
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