Comunidad Valenciana
DANA

Víctimas de la DANA reclaman a la juez que admita la querella de Hazteoir contra responsables del Júcar

Las víctimas sostienen que los responsables del Júcar "tienen la mayor responsabilidad en el control de avenidas en los cauces de su demarcación"

Víctimas de la DANA que este 29 de octubre ha asolado 103 municipios de la provincia de Valencia con el trágico balance hasta la fecha de 227 fallecidos y un desaparecido, han presentado ante el Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja un escrito de adhesión al recurso de apelación presentado por la asociación Hazteoir contra el auto que inadmite la querella contra responsables de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y, entre ellos, su presidente Miguel Polo.

El recurso ha sido presentado en respuesta a la providencia de la juez de fecha 17 de este mes de marzo en el que la juez Nuria Ruiz Tobarra, la magistrada que dirige las diligencias previas en torno al caso de la DANA, les emplazaba a efectuar alegaciones sobre el de apelación presentado por Hazteoír contra el auto de 10 de marzo de este mismo mes que inadmitía la querella de esta misma asociación contra Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar; Juan Torralba, secretario general de la Confederación; Cristina Sola, comisaria de Aguas; Manuel Torán, director técnico, y Aránzazu Fidalgo, titular de la Oficina de Planificación Hidrológica. En su escrito, las cuatro víctimas sostienen que «los querellados, como altos cargos y técnicos de la CHJ, tienen la mayor responsabilidad en el control de avenidas en los cauces de su demarcación, entre los que se encuentran el barranco del Poyo y el río Magro». Mantienen que «en las horas más críticas, cuando el barranco estaba ya fuera del cauce, omitieron toda información relevante». Y recuerdan que la base de la imputación de la consellera y del director de Emergencias «se resume en que en informativos de diferentes medios, especialmente la televisión autonómica A PUNT, ya se estaba advirtiendo a las 15:07 que se había desbordado el barranco de Chiva, lo que unido a las alertas meteorológicas, llamadas al 112 etc. debió moverles a anticipar el aviso a la población». Y, ante ellos, defienden que «cabe preguntarse ¿Y los querellados responsables del control de avenidas no veían A PUNT? Y si lo vieron ¿qué hicieron? ¿no sabían dónde iba a acabar el agua que ya desbordaba en Chiva?»

Califican de «inaudito» que se «excuse» a los responsables del Júcar «con la remisión de un informe exculpatorio emitido por la propia CHJ de la que son máximos responsables, sin mayor investigación». Recuerdan las víctimas que la estructura de la Confederación del Júcar es «descomunal, gigantesca, con un presupuesto millonario y una abultada plantilla, que debe servir para algo más que para multar a los vecinos que arrancan las cañas invasoras». Y califican como «un dislate» el «excusar su responsabilidad por el hecho de que el SAIH fuera accesible para cualquiera. Los que mejor podían interpretar los datos eran ellos». Añaden que todo ello «no significa» que otros responsables de la Conselleria, Delegación de Gobierno, Ministerio o Ayuntamientos «no tengan parte igual o mayor de responsabilidad». Pero, agregan «parece que toda la culpa se quiere descargar en los responsables autonómicos, cuando lo cierto es que la desidia, impericia o negligencia va mucho más allá». Y afirman que: «Los mismos argumentos que han servido para fundamentar esas imputaciones pueden sostener las de otros miembros del CECOPI», de lo que «de momento, no tenemos noticia alguna».