Comunidad Valenciana
TRASVASE TAJO-SEGURA

Tres autonomías retratan a Sánchez con el trasvase Tajo-Segura: «El único que se cuestiona de 17»

El caudal mínimo que se exige al Tajo es cuatro veces superior al del Júcar y una respecto al Jarama

Representantes de Comunidad Valenciana, Andalucía y Región de Murcia, las tres Autonomías afectadas por las nuevas normas de explotación que el Gobierno del socialista Pedro Sánchez pretende aplicar al trasvase Tajo-Segura y que de facto significan el punto y final de una infraestructura clave para la economía, la agricultura y el medio ambiente en el Mediterráneo español, han revelado este lunes un dato que pone en evidencia al Ejecutivo y a Moncloa: el Tajo-Segura es «el único trasvase que se cuestiona de los 17» más importantes que existen en España, tal como han afirmado por boca del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.

A la reunión han asistido el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón; el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana, Miguel Barrachina; la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia, Sara, Ruvira, el secretario general de Agua de Andalucía, Ramiro Angulo, la vicepresidenta de la Diputación de Alicante, Ana Serna, y el presidente del Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-Segura (SCRAT), Lucas Jiménez, entre otros.

Comunidad Valenciana, Andalucía y Región de Murcia ya sellaron un frente común en defensa del Tajo-Segura en su día. El trasvase Tajo-Segura genera más de 406.000 empleos. De ellos, unos 106.000 directos. Y, otros 300.000 indirectos. El lucro cesante, caso de cierre , está cuantificado en 5.700 millones de euros. Y su afección al Producto Interior Bruto, en más de 3.000 millones de euros. Todas estas cifras, que afectan a personas, a productividad, a la agricultura, la industria, el medio ambiente y el comercio son las que ahora mismo están en juego.

Las tres autonomías y Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura (SCRAT) llevan tiempo sumando esfuerzos frente a un sinfín de recortes por parte del Gobierno de Sánchez. Y, también, contra un cambio en las normas de explotación que incrementarían el caudal ecológico en cabecera y, en consecuencia, reducirían la cantidad de agua transferida de un río a otro: del Tajo al Segura.

Ese cambio normativo a través de una modificación de las normas de explotación supondrá, en cifras porcentuales, un recorte del 40% en las transferencias del Tajo-Segura, ya muy mermadas, con un carácter «ideológico y partidista», como ha destacado la vicepresidenta de la Diputación de Alicante, Ana Serna. También alcaldesa de Albatera, en la Vega Baja del Segura. En Alicante. Albatera es, también, uno de los municipios que sufre los recortes del Tajo-Segura.

En su intervención, Carlos Mazón se ha referido a la decisión «arbitraria» de establecer 8,65 metros cúbicos de agua por segundo (m3/s) de caudal mínimo en el Tajo, en Aranjuez, con aportaciones anuales de 617 hectómetros cúbicos anuales. Mientras, que en el Júcar, con un 50% más de caudal (1.054 hm3 al año), el caudal mínimo es de 2,74, cuatro veces inferior al del Tajo-Segura. Y, en el Jarama, con un caudal de 841 hm3 anuales, caudal que también supera al del tajo, el mínimo es de 6,06 m3/s.

Para defender sus argumentos, las tres autonomías cuentan con un estudio de la Universidad de Alicante (UA) con el que Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Andalucía quieren defender «con el rigor, la ciencia y la sostenibilidad» el agua que «merecen» todos los españoles frente a las «intenciones del Gobierno» de Sánchez de «reducir las aportaciones hidrológicas» al trasvase, ha expresado Mazón.

El documento, según ha revelado el propio Carlos Mazón, evidencia «la gestión ineficiente de los embalses, la falta de modernización de los regadíos en la cuenca del Tajo y la opacidad de la Confederación Hidrográfica del Tajo por parte del Gobierno», según ha verbalizado también Carlos Mazón.