La juez abre juicio oral contra Mónica Oltra por encubrir los abusos de su marido a una menor tutelada
La juez señala como órgano competente para el enjuiciamiento a la Audiencia Provincial de Valencia
La juez requiere de 10 de los acusados y entre ellos Oltra que aporten una fianza conjunta y solidaria de 120.000 €
La juez sustituta del titular de Instrucción 15 de Valencia ha abierto juicio oral contra Mónica Oltra, ex vicepresidenta del Gobierno valenciano y ex consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, por el supuesto encubrimiento de los abusos de su entonces marido a una menor tutelada por la propia Generalitat Valenciana. La apertura de juicio oral se produce después de que, por segunda vez, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ordenase al juzgado que enviara a juicio a la citada Mónica Oltra.
La instructora ha ordenado también el sobreseimiento de la causa para uno de los imputados, Francesc Gamero, al no haberse formulado acusación respecto a él. Contra el auto emitido por la juez no cabe recurso, salvo en lo relativo a la situación personal de los acusados y al sobreseimiento del antes citado Francesc Gamero.
Según consta en el auto de la juez, al que ha tenido acceso OKDIARIO, la acusación se dirige contra Mónica Oltra por delitos de prevaricación, malversación, contra la integridad moral, de omisión del deber de perseguir delitos, un delito de encubrimiento y otro delito de abandono de menores.
La juez ha adoptado la medida de abrir juicio oral a Mónica Oltra tras los recursos presentados por la defensa de la joven que fue víctima de los abusos del ex marido de Mónica Oltra, así como por las acusaciones particulares de Vox y Gobierna-T.
En el banquillo se sentarán tanto la mencionada Mónica Oltra como 12 de sus colaboradores en la Conselleria. Así se desprende del auto judicial de la instructora. Entre esas personas se encuentran una ex directora general, una ex subdirectora general y una ex directora territorial.
Además, la juez requiere de 10 de los acusados para que presten conjunta y solidariamente una fianza de 120.000 euros. Y, en el caso de que no lo hicieran transcurrido el plazo, se ordena embargar bienes de sus propiedades en cantidad suficiente para cubrir la suma. También se declara la responsabilidad civil subsidiaria de la Generalitat Valenciana que, recordemos, cuando sucedieron los hechos, estaba presidida por el socialista Ximo Puig.
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