Las víctimas de la DANA confiesan por escrito que el marido de la juez les tomó declaración

• Irene Tabera @irenetabera
• Madrid (1996). Periodista de Investigación y Tribunales. Colaboradora en Telecinco, Cuatro y Telemadrid. Graduada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Televisión por la Universidad Católica de Milán. Anteriormente trabajó en Mediaset Italia. Contacto: irene.tabera@okdiario.com
• • 24/02/2026 12:38
  • Actualizado: 24/02/2026 17:23

Mensajes de WhatsApp entre víctimas de la DANA confirman que Jorge Martínez Ribera, esposo de la juez instructora Nuria Ruiz Tobarra, participó en la toma de las declaraciones a los afectados durante el proceso judicial. Las conversaciones, que desvela OKDIARIO, acreditan las presuntas irregularidades procesales que han generado una investigación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Las víctimas confirmaron en un grupo informal con más familiares afectados por la DANA que durante uno de los interrogatorios, el esposo de la instructora daba instrucciones precisas sobre qué información registrar y directamente hacía las preguntas.

«El día que fui yo a testificar lo que nos pasó es que fue él quien nos atendió porque la juez estaba hasta arriba de trabajo», expresó una mujer junto con un emoticono de una persona tapándose los ojos, denotando sorpresa.

«Yo cuando fui estaban los dos y su marido me pareció muy agradable. Le decía apunta esto, apunta lo otro… pero super agradables los dos», agrega otra persona que acudió a los juzgados como testigo. «Como que lo veía importante y no quería que se perdiera esa información», añadió en conversación con OKDIARIO esa afectada.

Las víctimas recuerdan que «había cuatro personas esperando» cuando llegaron al juzgado. El procedimiento siguió un ritmo acelerado, con citas «cada 15 minutos» para atender a los numerosos afectados.

«Nos atendió él realmente», afirma la primera de las víctimas del chat, como desveló OKDIARIO. La mujer, que perdió a un familiar en la tragedia, explica que la magistrada estaba «hasta arriba de trabajo» y que por eso fue atendida por el marido de la juez.

OKDIARIO dispone de las grabaciones de las conversaciones telefónicas mantenidas con las víctimas. Estos testimonios directos contradicen frontalmente las afirmaciones de la juez Ruiz Tobarra, quien en un auto del 1 de septiembre negó que existieran pruebas sobre la participación de su esposo.

«Todo quedó registrado correctamente» y «tenemos una copia de todo lo que hemos hablado», indican las víctimas en sus mensajes. Esta documentación podría convertirse en pieza clave para determinar la legalidad del procedimiento.

Los whatsapps revelan también que algunas víctimas no consideran irregular la situación. «No creo que hiciera nada mal», señala una de ellas, aunque reconoce el carácter inusitado de los hechos.

El magistrado Martínez Ribera «siguió ahí» después de que terminara una declaración y «entró otra persona», según confirman los mensajes. Esta circunstancia evidencia una presencia repetida en las diligencias del juzgado que dirige su esposa.

Investigación del CGPJ

Las revelaciones han desencadenado una cascada de consecuencias judiciales. El Consejo General del Poder Judicial abrió hace dos meses una investigación contra la magistrada por «sesgo» e «intromisión» de su marido.

Miguel Bernad, secretario general de Manos Limpias, ha interpuesto una querella por «prevaricación judicial y coacciones» contra ambos magistrados. «¿Cómo es posible que la juez tenga de coadyuvante a su marido?», se pregunta el dirigente sindical.

La defensa de la ex consellera Salomé Pradas, imputada en el caso, ha apuntado a que se debe nombre un juez sustituto. Considera que existe una intromisión indebida que podría viciar todo el procedimiento judicial.

Las partes personadas estudian medidas que van desde la recusación hasta recursos para desactivar parte de la instrucción. La concatenación de irregularidades amenaza con empañar uno de los procedimientos más mediáticos de los últimos años.

La DANA que asoló Valencia el 29 de octubre de 2024 causó 227 víctimas mortales. Nuria Ruiz Tobarra fue designada en noviembre para instruir el caso, liberada para dedicarse en exclusiva al procedimiento.

Jorge Martínez Ribera ejerció anteriormente en el mismo juzgado que ahora dirige su esposa. En 2003 fue promovido a magistrado desde el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, según consta en el BOE.

La presencia de personas ajenas durante las declaraciones contraviene las normas procesales que establecen el carácter reservado de las diligencias de instrucción. Solo pueden acceder a ellas las partes personadas y los funcionarios del juzgado.

Fuentes jurídicas consideran que esta injerencia sería «abiertamente contraria a Derecho» y podría constituir «causa de nulidad» del procedimiento. La situación ha generado una intensa rumorología en la Ciudad de la Justicia de Valencia.

El caso se encuentra en fase de instrucción, por lo que todas las diligencias se practican a puerta cerrada. La legislación procesal prohíbe expresamente la presencia de personas ajenas al procedimiento durante los interrogatorios.

La magistrada ha adoptado una estrategia de victimización, acusando de «campaña difamatoria» a quienes aportan pruebas sobre las irregularidades. En su resolución, llega al extremo de culpar a «los comentarios de las noticias» de formar parte de esta supuesta campaña machista orquestada contra ella.

Los whatsapps de las víctimas se han convertido en otra prueba de gran contundencia de una práctica que podría desbaratar la investigación de la mayor tragedia natural de la historia reciente de la Comunidad Valenciana. La autenticidad de estos testimonios, respaldados por grabaciones y whatsapps, sitúa a la juez instructora en una posición cada vez más delicada ante los órganos de gobierno judicial.