Dimite una alto cargo del Ayuntamiento de Alicante por el escándalo en las adjudicaciones de viviendas

• Ignacio Martínez
• ALICANTE
• Responsable de OKDIARIO en la Comunidad Valenciana
• • 30/01/2026 17:09
  • Actualizado: 30/01/2026 17:09

El escándalo en las adjudicaciones de una promoción de vivienda de protección pública en Alicante ha generado la dimisión de la hasta ahora directora general de Contratación Pública y Gestión de Fondos en el Ayuntamiento, María Pérez-Hickman. Esta dimisión se produce horas después de que el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, anunciara este jueves que llevará a Fiscalía cualquier sospecha de irregularidad en torno a las adjudicaciones en la citada promoción y de que un día antes, el pasado miércoles, ordenase la apertura de un expediente de aclaración de hechos en el proceso. Además, Barcala ha expresado también su determinación de llegar «hasta el final y caiga quien caiga» en este caso. Las adjudicaciones en entredicho versan acerca de una promoción de vivienda pública en Playa San Juan, en Alicante, que se inició en 2018. 

Vox, socio de Gobierno del PP en este Consistorio, ya había instado a Barcala a destituir a Pérez-Hickman. Entre los adjudicatarios de esas mismas viviendas también se halla la actual edil de Urbanismo, Rocío Gómez. En el caso de esta edil, Luis Barcala ha explicado que la actual edil de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante se incorporó a la cooperativa promotora de la urbanización La Condomina en 2018. Por tanto, cinco años antes de entrar en política, en 2023. Y que la licencia de obra para la construcción de esas mismas viviendas se concedió en 2022. Es decir, un año antes de que Rocío Gómez accediera al puesto de concejala.

No obstante, Luis Barcala ha dejado claro que él no va a permitir «que alguien que no debe acceder a una vivienda social la consiga y arrebate ese derecho a otra persona que realmente la necesita». En este mismo sentido, también ha advertido que actuará «con la mayor rapidez y caiga quien caiga». Barcala, además, está acelerando la convocatoria de un pleno municipal extraordinario que será monográfico sobre esta cuestión.

Además, Barcala ha exigido la «máxima transparencia» con los requisitos y procesos en la adjudicación de vivienda pública. Y ha pedido a la Generalitat Valenciana que revise, a su vez, la normativa autonómica. También, ha recalcado su compromiso «de total celeridad y contundencia» para esclarecer la tramitación de las viviendas protegidas que ha originado la actual polémica.

Por su parte, el presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, ha manifestado al respecto de esta cuestión, este viernes, en Onteniente (Valencia), ha explicado que «lo primero» que ha hecho la Generalitat Valenciana ha sido pedir un certificado a los técnicos para que certificasen si todas las personas que han solicitado una de esas viviendas cumplían los requisitos o no. 

Además, ha explicado que los requisitos de esas personas estaban aprobados desde la época del Gobierno de Ximo Puig: «A partir de ahí, el uso que le den a esa vivienda no le corresponde a la Generalitat». «Yo, a día de hoy, puedo decir que se ha acreditado que todas aquellas personas que han optado a las viviendas cumplían las reglas».

Además de la edil Rocío Gómez, dos de los hijos de la directora general dimitida, María Pérez Hickman y Francisco Nieto, arquitecto municipal de Urbanismo han adquirido y tienen escrituradas a su nombre cuatro de estas viviendas, según ha publicado el Diario Información de Alicante.