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Descubren en Valencia a una jueza que «conseguía panzas» para familias ricas con adopciones ilegales

La titular de un juzgado de Familia de Argentina estaba en busca y captura con una orden emitida por la Interpol

Una ex jueza de Familia de Pilar (Argentina) ha sido localizada en Valencia, donde residía fugitiva de la justicia de su país, acusada por facilitar adopciones ilegales en favor de familias adineradas. Sobre Alejandra C.V., que en la actualidad tiene 64 años, pesaba una Orden Internacional de Detención emitida a través de la Interpol por «conseguir panzas». Fue expulsada de la carrera judicial en 2017, tras una denuncia del colegio de abogados y la Fiscalía presentada en 2015, por lo que ya no goza del privilegio de ser aforada.

La Policía Nacional ha detenido a la mujer de 64 años en el distrito valenciano de Extramurs como presunta autora de los delitos de cohecho activo y falsedad documental público. El ministerio público le solicita por el conjunto de los hechos delictivos una pena máxima de 6 años de prisión.

La ex magistrada argentina utilizaba a los asistentes sociales que formaban parte del equipo técnico del Juzgado a su cargo para conseguir los bebés. Los enviaba a rondar los barrios marginales de la ciudad con la orden de «conseguir panzas», algo que se había convertido en un negocio lucrativo para ella. Así, los asistentes sociales localizaban a mujeres embarazadas y vulnerables que se mostraban dispuestas a entregar al niño en adopción. Una vez que nacían, la jueza facilitaba los procesos de adopción a los matrimonios adinerados de la zona, que pagaban por ello y le daban regalos, y a los que solía conocer a través de un abogado con el que mantenía una amistad.

Acoso a funcionarios

La arrestada no se limitó a hacerlo durante los seis años que fue titular del Juzgado de Familia número 1 de Pilar, sino que manipuló igualmente la fecha de numerosos documentos públicos cuando ya no se encontraba trabajando en ese ámbito. Falsificaba la fecha y de esa forma parecía que su firma había sido estampada en distintas providencias y resoluciones judiciales. Cuando se encontraba fuera -de viaje cultural, decía-, los funcionarios de su equipo debían suplantarla para no perder la oportunidad de seguir lucrándose y fichar por ella para ejercer otras funciones propias de jueces. Lo hacían por «terror». Los sometía a acoso laboral, razón por la que varios de ellos están de baja y en tratamiento. Así, firmó en diferido 600 resoluciones judiciales.

Además de los expedientes de adopción, como magistrada titular era también responsable de los expedientes de tutela de menores en acogida o en situación de desamparo. De hecho, un menor tutelado por intentar quitarse la vida estuvo cuya causa dependía de su juzgado intentó quitarse la vida y se le fue trasladando hasta la mayoría de edad de centro en centro con tal descontrol que, al cumplir los 18, no se lograba localizar en cuál de ellos estaba.