Bruselas da un ultimátum a España sobre la baliza V16: su obligatoriedad podría infringir la ley de la UE
La Comisión Europea confirma que el Gobierno no notificó la medida, un paso obligatorio para evitar barreras en el mercado común
La falta de este trámite podría invalidar las multas y sanciones relacionadas con el uso del dispositivo conectado
La baliza V-16 podría tener los días contados y la UE ya lo avisa: el giro de 180º podría llegar
El ambicioso plan de la Dirección General de Tráfico (DGT) para jubilar definitivamente los triángulos de emergencia ha chocado con la burocracia de la Unión Europea. La Comisión Europea ha lanzado una seria advertencia a España tras confirmar que el Gobierno no notificó formalmente la obligatoriedad de la baliza V16 conectada, un trámite indispensable cuando se aprueban reglamentos técnicos que afectan al mercado interior.
Esta «omisión» de Madrid no solo abre la puerta a un expediente sancionador desde Bruselas, sino que deja en el aire la validez legal de la norma que obliga a los conductores a llevar este dispositivo.
Un defecto de forma que pone en jaque a la DGT
El conflicto ha estallado tras una consulta en la Eurocámara que ha dejado en evidencia al Ejecutivo español. Según ha confirmado Stéphane Séjourné, vicepresidente ejecutivo de la Comisión, España ignoró la Directiva (UE) 2015/1535 al no comunicar los Reales Decretos que regulan la luz V16. Esta normativa exige que cualquier país miembro informe a Bruselas antes de aprobar leyes técnicas para garantizar que no se crean «muros» comerciales entre los estados de la Unión.
Al no haber realizado esta notificación previa, la baliza V16, que entró en vigor el pasado 1 de enero, se encuentra ahora en un limbo legal. La jurisprudencia europea es clara al respecto: los tribunales nacionales podrían verse obligados a no aplicar el reglamento, lo que supone que cualquier sanción impuesta por no llevar la baliza o por su mal funcionamiento podría ser recurrida y anulada por defecto de forma.
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¿Qué pasará con los conductores y fabricantes?
La situación genera una enorme inseguridad para el sector del motor. Mientras el Gobierno defendía la baliza como un sistema superresistente y vital para evitar atropellos al no tener que bajar del coche, Bruselas recuerda que saltarse los procedimientos comunitarios puede acarrear multas millonarias para el Estado español.
Los puntos clave de este «choque frontal» con Bruselas son:
- Infracción del Tratado: la Comisión puede iniciar un procedimiento de infracción contra España en cualquier momento.
- Sanciones en el aire: al ser una norma «no notificada», pierde parte de su fuerza jurídica ante un juez nacional.
- Incertidumbre empresarial: los fabricantes han invertido millones en una tecnología que ahora podría ser cuestionada por las autoridades europeas.
El futuro de la seguridad vial, en manos de la justicia
Aunque la baliza V16 tiene como objetivo salvar vidas al transmitir la ubicación del vehículo a la plataforma DGT 3.0, la falta de transparencia con Europa ha oscurecido el proceso. El Ministerio del Interior aún no ha aclarado cómo piensa subsanar este error técnico ante Bruselas, mientras los juristas advierten que la obligatoriedad del dispositivo pende de un hilo.
Por ahora, el debate no es solo sobre seguridad vial, sino sobre si España ha vulnerado los principios de unidad de mercado que rigen en toda la Unión Europea.
