Comunidad Valenciana
TRIBUNALES

La Audiencia absuelve de un delito de odio al inspector purgado por Marlaska tras ir a un acto de Vox

Se le acusaba de haber unido inmigración con delincuencia en su participación en un acto

La Audiencia concluye que en este caso "aparece preponderante el ejercicio de la libertad de expresión"

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha absuelto al inspector jefe de la Policía Nacional en la Comisaría Centro de Valencia, Ricardo Ferris, de un delito de odio. En concreto, se le acusaba de relacionar inmigración con delincuencia en el transcurso de una jornada organizada por una fundación y por Vox, el 14 de octubre de 2022. El asunto llegó a la cúpula del Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande Marlaska. Ese mismo mes, fue destituido por la Dirección General de la Policía a propuesta de la Jefatura Superior de Policía de la Comunidad Valenciana. La sentencia ha sido notificada este jueves a las partes y puede recurrida en apelación.

Según consta en esa sentencia, la Sala sostiene que «aún admitiendo que el acusado se extralimitó en algunos momentos de su charla, debemos ser restrictivos en las limitaciones a la libertad de expresión y consideramos que la imposición de penas de prisión en este caso supondría una reacción desproporcionada, convirtiendo el Derecho penal en un factor de disuasión del ejercicio de la libertad de expresión». Y advierte, también que la intervención del Derecho Penal «debe ser previsible para el ciudadano medio, por lo que debe limitarse a los casos más palmarios e indiscutibles de incitación a la xenofobia».

La Sección Segunda, además, concluye que en este caso «aparece preponderante el ejercicio de la libertad de expresión». El Tribunal, además, precisa que: «Aunque en la charla del acusado se incluyan hechos (más o menos genéricos) referidos a la cantidad de extranjeros que son detenidos o que cometen ciertos delitos, el contenido y la línea general del discurso se dirige a valorar la gravedad de la delincuencia y su relación con la inmigración, y a emitir juicios de valor sobre lo que debería hacerse».

Los magistrados afirman que el inspector «exagera» en su intervención «la proporción de delincuentes extranjeros» con «afirmaciones tan categóricas» que «no tienen justificación», pese a tener conocimiento de las estadísticas policiales por su condición profesional. Sin embargo, añaden luego, que su discurso «no contiene una incitación directa a la violencia, en la medida en que no propone expresamente acciones concretas contra los extranjeros».