El Gobierno abandona a Llarena ante la demanda del fugado Carles Puigdemont

El Gobierno no defenderá al magistrado Pablo Llarena a título personal en la causa abierta en Bélgica contra el juez, tras la demanda presentada por el expresidente catalán fugado, Carles Puigdemont, y cuatro exconsellers.

En un comunicado emitido este jueves, el Ministerio de Justicia asegura que «la demanda presentada en Bruselas incluye también referencias a expresiones o manifestaciones privadas realizadas por el juez Llarena ante las que el Gobierno no puede actuar, puesto que supondría defender a un particular por afirmaciones de carácter privado ajeno a su función».

«Pero en lo que se refiere a la función jurisdiccional del magistrado», añade, «cualquier mención a la misma por parte de la autoridad judicial belga supondría una vulneración del principio acta iure imperii, en virtud del cual los Estados extranjeros no pueden ser demandados ni sometidos a la jurisdicción de los tribunales de un determinado país».

El Ministerio de Justicia afirma que la Ley 52/97 de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, y el Reglamento que la desarrolla, «no prevé la intervención del Servicio Jurídico del Estado ante juzgados o tribunales ordinarios de países extranjeros. Por ello, si la evolución de la causa belga recomienda la personación del Estado español, el Ministerio de Justicia contratará un bufete privado que defienda su soberanía e inmunidad jurisdiccional».

El Gobierno aclara que el Estado español sí se personará ante la Justicia de Bélgica «en defensa de la soberanía e inmunidad jurisdiccional de los tribunales españoles si, en el momento de admitir a trámite la demanda presentada por el expresidente y cuatro exconsellers de la Generalitat contra el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, la autoridad judicial belga menciona siquiera entre sus argumentos hechos o datos de la causa penal abierta en España contra ellos».

«El proceso penal conocido como ‘el procès’, instruido por el magistrado demandado, está sometido de manera exclusiva y excluyente a la jurisdicción española. Por ese motivo, si se ve cuestionada por la actuación del tribunal de instancia de Bruselas que tramita dicha demanda, el Gobierno actuará en la medida proporcional y adecuada para proteger la inmunidad jurisdiccional del Reino de España y su potestad soberana del ejercicio de la jurisdicción» sostiene el Ministerio.

Según el Gobierno, esa personación «es necesaria al ser el paso previo imprescindible para poder ejercer las acciones pertinentes, si fuese preciso, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya».