El Gobierno recurrirá ante la ONU la Ley de Memoria de Castilla y León y el PP responde: «Frentista»

• Rodrigo Villar @Rodrigo_Villar_
• Periodista en OKDIARIO. Redactor en la sección de Nacional. Contacta: rodrigo.villar@okdiario.com
• • 04/04/2024 18:12
  • Actualizado: 04/04/2024 18:14

El Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado que recurrirá ante varias instituciones internacionales las iniciativas autonómicas sobre Memoria, impulsadas por los gobiernos de coalición de PP y Vox en Aragón, Castilla y León y la Comunidad Valenciana, al considerar que son contrarias a los valores recogidos en la Ley de Memoria Democrática. Este hecho no ha gustado en el Partido Popular de la región castellanoleonesa que ha acusado al Gobierno de la Nación de «frentista».

«Lo que no podemos es admitir ningún tipo de ejemplo o ningún tipo de crítica sobre aquellos que han hecho una Ley de Memoria Democrática que ha sido inspirada por Bildu y que incluye un amplio periodo de la democracia española como consecuencia y como petición de Bildu», ha dicho el portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, durante una rueda de prensa celebrada este jueves.

En concreto, el Gobierno socialista de Sánchez elevará esta cuestión, «por su gravedad», ante el Relator especial sobre Verdad, Justicia y Reparación y el Relator de Ejecuciones Extrajudiciales de Naciones Unidas, ante el Parlamento Europeo y también ante el Consejo de Europa.

Además, el Gobierno ya anunció esta semana que recurrirá ante el Tribunal Constitucional si estas comunidades no retiran los puntos de las iniciativas que a su juicio vulneran el espíritu de la Ley de Memoria.

En Naciones Unidas, el Gobierno recurrirá a ambos relatores para que evalúen la conformidad de estas medidas «con las mejores prácticas internacionales y los compromisos internacionales adquiridos por España en materia de Derechos Humanos». En la Eurocámara, promoverán iniciativas para incluir en el orden del día del pleno del Parlamento para su debate y votación por parte del Grupo de los Socialistas y Demócratas.

Asimismo, en el Consejo de Europa, invocarán «la posible violación de varias disposiciones del Convenio de Derechos Humanos» y además promoverán un debate urgente en la Asamblea Parlamentaria de este organismo «para analizar la derogación de las leyes de memoria democrática aprobadas por las comunidades autónomas gobernadas por PP y Vox».

El Gobierno, además, informará a la Secretaría General del Consejo de Europa y al Comisario de Derechos Humanos «para ponerles en conocimiento de la gravedad de la situación». Por último pedirá la elaboración de un informe sobre la situación de la memoria democrática en España ante la aprobación de «leyes de derogación» por parte de los gobiernos autonómicos de PP y Vox.

Desde Bruselas, donde ha participado en la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN, el jefe de la diplomacia, José Manuel Albares, ha indicado que ya ha dado instrucciones para trasladar esta cuestión. A la representación permanente ante la ONU en Ginebra, le ha pedido que entre en contacto con los dos relatores «para que puedan analizar en estos momentos las acciones que están llevando a cabo los gobiernos del PP y Vox contra la Ley de Memoria Democrática».

A la embajada ante el Consejo de Europa le ha pedido que contacte tanto con la secretaria general, Marija Pejcinovic, como con el comisario de Derechos Humanos, Michael O’Flagerty para que también puedan analizar la situación e ir viendo «las medidas que vamos a ir adoptando».

Albares ha sostenido que se trata de «un tema que es fácilmente entendible por muchos países europeos» puesto que «la lucha por la democracia, la memoria de aquellos que dieron lo mejor de sus vidas y en muchas ocasiones sus vidas por defender los valores democráticos y los valores europeos, es desgraciadamente una parte común de la historia de Europa».

El ministro, que no ha querido hablar aún de plazos para que pueda haber respuesta, ha sostenido que cuando PP y Vox hablan de concordia «lo que realmente están diciendo es victoria, y eso no es el espíritu con el que quieren vivir los españoles».

«A los españoles nos ha costado mucho para que desde el año 78 podamos vivir en democracia, y no podemos permitir que se cuestionen cosas tan evidentes como el derecho a que cualquiera pueda tener enterrado dignamente a sus familiares, a que podamos homenajear la memoria democrática de aquellos que dieron lo mejor de sus vidas para que esos valores triunfen en España, y que hoy España pueda ser parte, por ejemplo, de la Unión Europea».