Yllanes pide al Govern que «presione» al Estado para limitar la compra de viviendas por extranjeros
El vicepresidente del Ejecutivo balear considera que la decisión de Canadá "es un ejemplo a seguir"
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El vicepresidente del Govern y conseller de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, Juan Pedro Yllanes, ha señalado este miércoles que el Ejecutivo autonómico debería «presionar» al Gobierno central para iniciar negociaciones con la Unión Europea para que Baleares pueda limitar la compra de viviendas por parte de extranjeros.
En declaraciones a los medios tras presentar el cuarto Plan de Fosas, Yllanes ha desvelado incluso que se trataría de una cuestión que «se podría tratar en el próximo Consell de Govern». Así, el vicepresidente del Ejecutivo balear ha defendido el inicio de una negociación con las instituciones europeas para que territorios como Baleares, «que tienen perfectamente identificado el problema de la vivienda como una de las principales preocupaciones» puedan limitar la compra atendiendo a esta problemática.
«Sería un paso definitivo para empezar a solucionar el problema de la vivienda», ha añadido Yllanes y ha recordado que otros territorios pertenecientes a la Unión Europea sí cuentan con esta opción: «Exigir que territorios como Baleares puedan establecer estas limitaciones a raíz del problema de la vivienda».
Asimismo, para el conseller de Podemos la decisión de Canadá de prohibir durante dos años la compra de viviendas por parte de extranjeros de viviendas a extranjeros debe ser «un ejemplo a seguir».
Al mismo tiempo, Yllanes ha afirmado que tienen «perfectamente diagnosticado» que la principal preocupación de los ciudadanos es la vivienda: «Debe servir como impulso para que el Govern traslade al Gobierno que esta sería una buena medida para las islas».
A finales de 2022 el Govern dio el primer paso para tratar de limitar la compraventa de viviendas por parte de no residentes en Baleares con la constitución de un grupo de trabajo en el que participan las consellerias de Presidencia, Vivienda y Hacienda, la Abogacía de la Comunidad Autónoma y la Universitat de les Illes Balears (UIB) con el objetivo de para iniciar el estudio y elaborar un informe preliminar de la situación jurídica actual europea.
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