El SUP alerta de colapso policial con la regularización de inmigrantes y de un «efecto llamada» en Baleares
El sindicato califica de absoluta irresponsabilidad anunciar una regularización extraordinaria sin detallar cómo se garantizará la seguridad
La Policía Nacional alerta de colapso policial en Baleares ante una regularización de inmigrantes sin refuerzos ni control como la que quiere poner en marcha el Gobierno socialista de Pedro Sánchez. En su comunicado, el sindicato califica de absoluta irresponsabilidad anunciar una regularización extraordinaria sin detallar cómo se garantizará la seguridad, quién asumirá el control policial y con qué medios se llevará a cabo.
La organización advierte del impacto que esta medida tendría en las plantillas de la Policía Nacional en las islas, que ya soportan una fuerte presión, especialmente por la carga añadida que supone la llegada de pateras. En Baleares, el colectivo ha alertado de las consecuencias que, a su juicio, acarrearía la regularización anunciada por el Gobierno si no va acompañada de un refuerzo inmediato de recursos humanos y materiales. Sostiene que la iniciativa trasladaría «toda la carga operativa» a unos efectivos que, según denuncia, trabajan ya al límite en el archipiélago.
Desde la delegación balear recuerdan que la Policía Nacional no diseña la política migratoria, pero sí asume «las consecuencias de decisiones mal planificadas». Por ello, reclaman explicaciones claras sobre cómo se verificarán las identidades, de qué forma se comprobarán los antecedentes y qué unidades afrontarán el aumento de expedientes, en un contexto en el que las oficinas de Extranjería y las brigadas de Policía Judicial arrastran una elevada carga de trabajo.
«No tener antecedentes penales no significa no tener antecedentes policiales», señalan desde la organización, que insiste en la necesidad de controles exhaustivos y procedimientos individualizados para evitar riesgos en materia de seguridad pública. Consideran que asumir un volumen potencial de más de medio millón de expedientes en todo el país, sin refuerzos específicos en territorios turísticos y fronterizos como Baleares, podría derivar en un colapso administrativo y en un mayor desgaste profesional, apunta Esther Ribas, portavoz de SUP Baleares.
Asimismo, alertan del posible «efecto llamada» que, en su opinión, generan este tipo de anuncios, con impacto directo en costas y aeropuertos. En el caso balear, temen un incremento de la presión sobre los servicios policiales durante la temporada alta, cuando la población flotante se multiplica y los recursos deben destinarse también a garantizar la seguridad en zonas turísticas.
La organización rechaza además las acusaciones de «racismo institucional» dirigidas a la Policía Nacional y defiende que los agentes «se limitan a aplicar la ley vigente». A su entender, ese discurso «desacredita injustamente» a los profesionales y desvía la atención de la falta de planificación y medios.
Por todo ello, exigen al Ministerio del Interior un refuerzo inmediato de agentes, más recursos materiales y protocolos claros antes de poner en marcha cualquier proceso extraordinario de regularización. «Sin más medios y una planificación realista, esta medida es una grave irresponsabilidad que vuelve a cargar todo el peso sobre una Policía que ya está al límite», concluyen.
Alrededor de 10.800 personas podrían, de momento, acogerse en Baleares al proceso de regularización extraordinaria aprobado este pasado martes por el Consejo de Ministros. Esta cifra, según explicó el delegado del Gobierno en las Islas, Alfonso Rodríguez, son los expedientes que a día de hoy hay abiertos en Extranjería por razones de arraigo sociolaboral y que requieren dos años de permanencia. Al margen de estas personas se situarían quienes se acogen a la protección internacional.
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