Los servicios sociales cortan todas las ayudas a las familias que malviven en la vieja cárcel de Palma

Al entrar, observamos que la zona se encuentra en evidentes mejores condiciones de salubridad que el interior del centro penitenciario, el cual está en la absoluta ruina. Martín es uno de los responsables de ello, pues limpia el patio diariamente. Él es un señor en edad de jubilación que comparte vida y habitación con su pareja, Josefa.

«Aquí llevo viviendo tres años», afirma Martín, que se encarga de cuidar y alimentar a más de una docena de gatos. Amablemente nos enseña su casa por dentro, donde guarda todas sus pertenencias personales y entre ellas, sorprendentemente, hallamos algún que otro aparato eléctrico, como una radio y un televisor. «Sí, tenemos electricidad desde hace poco. Conseguimos enganchar la luz al contador de una farola de la calle. Por suerte, todavía no nos han dicho nada», revela.

Por otro parte, el hombre sostiene que la inflación y la crisis energética les está afectando, dado que las entidades sociales no les atienden como antes. «Cruz Roja y Cáritas no nos hacen caso. No recibimos comida desde hace varios meses. Yo al menos cobro la pensión de jubilación y con eso me las apaño para sobrevivir», cuenta.

Señala que en esta zona, la de las viviendas, viven alrededor de 15 personas. «En mi bloque somos unos seis o siete; en el otro más o menos igual», refiere, a lo que añade que la cifra «es muy relativa porque la gente viene y va». Unos que vienen todos los días son Alfredo y Luis, íntimos compañeros de vida y desde 2019 también de techo donde cobijarse.

Si bien Luis también lamenta la escasez de alimentos que últimamente reciben de las organizaciones sociales, él asevera, agradecido, que éstas les continúan ayudando en cuestiones burocráticas y de papeleos. «Por ejemplo, a mí se me caducó el carnet de identidad y Cruz Roja me hizo todo el trámite. Me pidieron cita y me pagaron la tasa de renovación, que son 12 euros», afirma.

«No sabemos cuándo nos tocará irnos»

A su vez, Alfredo asegura que a otros compañeros la unidad móvil de emergencia social (UMES) les gestiona temas del paro. Cuando en cambio les preguntamos por la futura reedificación de la zona, la desazón se vislumbra en los rostros de ambos. Luis, con voz compungida, verbaliza lo siguiente: «Estamos muy preocupados. No sabemos nada, ni cuándo lo derribarán ni cuándo nos tocará irnos».

Otra que cumple dos años como okupa de una vivienda del viejo centro penitenciario de la capital balear es Yolanda. Nuevamente, coincide en que las organizaciones de carácter social les tienen «olvidados». «Solamente los jueves vienen dos chicas, no sé de qué asociación. Ellas siempre nos traen un plato de comida. No puedo estarles más agradecida», cuenta.

Yolanda apunta que comparte habitación junto a dos personas y añade que en la zona de la vieja cárcel, detrás del muro, tiene varios amigos a los que visita con frecuencia . «Hace dos meses yo estaba allí con un amigo y de repente vino un señor y nos preguntó si podía hacer fotos. Luego, nos confesó que él era quien había comprado este terreno».

Desde ese momento, Yolanda teme por el porvenir de su vida. Fue ahí cuando se enteró de que el lugar donde vive se convertirá en un edificio de pisos para estudiantes universitarios. Por esta razón, ruega a las autoridades competentes que les rehabiliten en otro lugar. «Sobre todo porque también aquí viven personas mayores», concluye preocupada.