El sacerdote mallorquín acusado de abusos sexuales reconoce relaciones con la víctima pero consentidas

El sacerdote mallorquín Julià Cifre, acusado de abusos sexuales y apartado de la Iglesia, ha acudido la mañana de este jueves a los juzgados para declarar como investigado por los mismos hechos por los que fue sancionado canónicamente el año pasado.

Ante la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Palma, Cifre
ha reconocido que mantuvo relaciones con la víctima, pero defendiendo que fueron siempre consentidas y siendo ella adulta.

El abogado de la denunciante ha pedido que se llame a declarar al obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, y al vicario episcopal Nadal Bernat, para que informen sobre el proceso dentro de la Iglesia.

La pieza parte de una denuncia que la víctima, una mujer con discapacidad, presentó ante la Guardia Civil en 2023, poco antes de que trascendiera el desenlace del proceso eclesiástico contra el religioso. Junto a este sacerdote, que fue rector de Peguera (Calvià), la mujer acusa a otras dos personas, ambos jesuitas, de haberla violado entre los años 1984 y 2021.

La denunciante sostiene que el sacerdote sancionado la agredió sexualmente de forma continuada desde los 14 años, aprovechándose de su minusvalía. La denuncia sitúa estos abusos en dos domicilios, una parroquia en el Rafal y una habitación de hospital donde la víctima estuvo ingresada.

El hombre fue condenado por el tribunal eclesiástico en 2021 a la expulsión del sacerdocio, pero la recurrió. La sanción final le impuso «una vida apartada de retiro, oración y penitencia» con prohibición de celebrar misa en público.

El proceso dentro de la Iglesia declaró probadas relaciones sexuales con la víctima pero no que ocurrieran cuando ésta era menor de edad o prevaliéndose el acusado de su minusvalía. El procedimiento eclesiástico sí reconoció que las «conductas impropias» del sacerdote habían «causado daño físico y psíquico a la víctima». El Obispado de Mallorca expresó su «rotunda condena» y su voluntad de cooperar con las autoridades judiciales al comunicar el castigo.

En cuanto a los jesuitas, la mujer les atribuye repetidas violaciones ocurridas en distintos puntos de Palma, incluido el Colegio Montesión. La mujer puso los hechos en conocimiento de la Compañía de Jesús, congregación que le pidió disculpas en una carta. Los dos declararán la semana siguiente.