El PSOE y el grupo ecologista Gob intentan frenar el decreto que permite legalizar viviendas en suelo rústico

El PSOE y el grupo ecologista Gob estás dispuestos a hacer todo lo posible para frenar el decreto del Govern de Prohens que permite legalizar viviendas en suelo rústico y esto a pesar de que varios alcaldes socialistas de municipios de Baleares defienden la medida. El decreto se ha diseñado para dar una solución a las más de 30.000 viviendas en suelo rústico sólo en Mallorca que no son legales pero que tampoco se pueden derribar puesto que la infracción urbanística ha prescrito.

Ahora, el PSOE de Baleares ha puesto a sus diputados en el Congreso a disposición del grupo ecologista Gob  para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto.

En una nota de prensa, el PSOE ha informado que los diputados socialistas en el Parlament Iago Negueruela, Marc Pons, Mercedes Garrido y Pilar Costa han mantenido este martes una reunión con los portavoces del Gob Mallorca, Margalida Ramis, Gob Menorca, Miquel Camps, y GEN-Gob Ibiza, Neus Prats, para valorar la manifestación del pasado domingo «contra las políticas de degradación del territorio que», en su opinión, «impulsa el Govern del PP de Prohens».

En este sentido, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Iago Negueruela, ha anunciado que el PSOE pondrá a disposición del Gob un total de 50 diputados socialistas, necesarios para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto de «amnistía urbanística» y «depredación territorial» que aprobó Prohens.

Asimismo, el PSOE también trabaja de manera conjunta con el resto de grupos parlamentarios progresistas, para que la norma del Govern de Prohens no llegue a ver la luz y parar, «tan pronto como sea posible», una norma que supone «el atentado territorial más agresivo que han sufrido nunca las Islas», porque «creemos que el Decreto es inconstitucional», ha expresado Negueruela.

Y, en otro frente, el PSOE también está propiciando y hablando con el Gobierno del Estado para que interponga otro recurso de inconstitucionalidad, porque la norma «es un atentado contra el territorio».

«Y después de las manifestaciones de estos días, que dejan claro el posicionamiento de la sociedad sobre la actuación del Govern, con los pactos de mentira que dice y la realidad de los hechos», los socialistas se ponen a trabajar de forma conjunta para que se declare inconstitucional.

Hay que tener en cuenta que en el supuesto de que el Gobierno del Estado denuncie la inconstitucionalidad de la norma, esta queda en suspenso de forma inmediata.

Desde la aprobación del decreto sobre el suelo rústico, el PSOE ha denunciado que la norma supone «el más grande atentado contra el territorio, nunca visto en las Islas, puesto que supone la legalización de obras ilegales en suelo rústico, como los chalés con piscinas, la edificación de mansiones de 500 metros cuadrados, la creación de nuevos aparcamientos en suelo rústico -con, según palabras de los socialistas, la consiguiente masificación en las carreteras y más presión sobre el territorio- o finalmente la construcción de casas de lujo, incluso en zonas inundables».