Prohens condiciona al arraigo el despliegue de las ayudas sociales en Baleares por los efectos de la guerra

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha anunciado durante la cuarta Conferencia de Presidentes de la legislatura celebrada en Formentera la movilización de un paquete social de 15 millones de euros destinado a paliar en Baleares los efectos económicos y sociales derivados del conflicto en Oriente Próximo.

Prohens, en rueda de prensa, ha explicado que estas medidas complementarán el primer paquete económico de 160 millones de euros aprobado recientemente por el Govern para proteger a los sectores económicos, las pymes y los autónomos, ante el contexto de incertidumbre internacional y el aumento de la inflación.

La presidenta ha agradecido la «colaboración y lealtad institucional» de los cuatro presidentes de los consells insulares, con quienes ha analizado el paquete de medidas dividido en cinco bloques de actuación.

Ayudas directas a familias

En primer lugar, según ha detallado, se destinarán 5,7 millones de euros a ayudas directas para familias.

Entre las principales medidas destacan el incremento de las becas comedor hasta los 11 millones de euros. También habrá ayudas de hasta 1.000 euros para gastos de conciliación; la ampliación de las ayudas para libros y material escolar; el refuerzo del fondo escolar de emergencia social; el aumento en un 30 por ciento del bono social térmico y la revalorización extraordinaria del 15 por ciento de la pensión no contributiva, la renta social garantizada y la renta de emancipación.

El segundo bloque contempla una inversión de tres millones para reforzar los servicios sociales municipales, con nuevos fondos destinados a los servicios comunitarios y a la atención de familias con menores en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, el Govern destinará 2,35 millones de euros al tercer sector social para compensar sobrecostes y ampliar programas de atención a personas con discapacidad, dependencia, trastornos mentales, enfermedades neurodegenerativas o menores en situación de vulnerabilidad, además de ampliar los fondos destinados al programa de garantía alimentaria.

El cuarto bloque prevé 1,51 millones de euros para garantizar recursos residenciales y de vivienda dirigidos a colectivos especialmente vulnerables, tales como personas con discapacidad, víctimas de violencia machista, personas mayores en riesgo de exclusión social o personas con problemas de salud mental.

Finalmente, el quinto bloque incluye 2,6 millones de euros destinados a medidas para agilizar la tramitación de ayudas y prestaciones sociales mediante el refuerzo de personal administrativo y el impulso de la ventanilla social única como instrumento para acercar los servicios sociales a los ciudadanos y potenciar la agilidad administrativa y las sinergias entre los servicios sociales comunitarios y los especializados, evitando los desplazamientos entre distintas administraciones que a menudo implica el acceso a los recursos.

«Son medidas concretas y cuantificadas para proteger a las familias, a los colectivos más vulnerables, a los ayuntamientos y al tercer sector», ha destacado la presidenta.

Mantiene criterios de arraigo

Preguntada acerca de si el paquete de ayudas contemplará algún tipo de ‘pioridad nacional’, el concepto impulsado por Vox y que de alguna manera se incluyó en el paquete de ayudas antcrisis del Consell de Mallorca, la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha señalado que se mantendrán los criterios de las convocatorias de subvenciones ya existentes.

Fernández se ha referido al acuerdo de presupuestos pactado con Vox, por el que se exigen tres años de residencia legal para acceder a prestaciones como la renta social garantizada (Resoga).

La consellera ha recordado que entidades sociales y administraciones trasladaron al Govern que la mayoría de medidas fueran canalizadas a través de herramientas ya en marcha como determinadas convocatorias de subvenciones.

Fuentes del departamento que dirige Fernández han explicado que, por lo tanto, se mantendrá la exigencia de acreditar arraigo para acceder a algunas de estas ayudas sociales, principalmente las que son directas.

Se excluirá de este criterio a aquellas subvenciones que vayan destinadas directamente a entidades sociales, que serán ellas mismas las que decidirán la forma de repartirlas, y aquellas que se dirijan a menores de edad, puesto que a este colectivo nunca se le ha pedido que demuestre un arraigo en el territorio.