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La realidad de los menas en Mallorca: ningún municipio quiere un centro de acogida

Si el mes pasado su apertura en Calvià desataba una crisis entre PP y Vox, ahora es el PSOE el que lo rechaza en Inca

En tres años la presión vecinal ha cerrado dos de ellos, mientras el de Esporles correrá la misma suerte al no tener licencia

  • Indalecio Ribelles
  • Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.

El problema de los menas en Mallorca: ningún municipio quiere un centro de acogida. Si el mes pasado era en el municipio de Calvià, gobernado por la coalición de PP y Vox, donde estallaba una crisis política sin precedentes entre los socios de gobierno ante el anuncio de la próxima apertura de un centro para jóvenes inmigrantes ilegales llegados en patera, ahora son los socialistas que gobiernan el municipio de Inca los que tampoco los quieren como vecinos.

La polémica por todo lo alto desatada esta semana entre el alcalde socialista, Virgilio Moreno, y el conseller de Bienestar Social del Consell de Mallorca del PP, Guillermo Sánchez, llegaba al propio Consolat y era la propia presidenta del Govern, Marga Prohens, la que instaba al Gobierno central a «ponerse de acuerdo» con el primer edil mallorquín del mismo color político.

Y es que mientras Sánchez negociaba con el Ministerio de Defensa la cesión del abandonado polvorín del Puig de Santa Magdalena de Inca como la solución a la situación de colapso total y sobresaturación (65% por encima de su capacidad) que padece la red insular de acogida y tutela del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) compuesta por una decena de centros, el primer edil socialista maniobraba para boicotear una operación  aún no concretada.

Todo ello para desesperación del conseller Sánchez, que utilizó el calificativo de «boicot xenófobo» para describir lo sucedido.  Pese a aumentar en cuatro el número de centros en apenas un año (de seis a diez albergues), el Consell está desbordado ante la crisis migratoria que padece Baleares.

Las islas han duplicado el número de inmigrantes ilegales que llegaron en 2023, a falta de todavía dos meses para cerrar el año (4.694 a bordo de 284 embarcaciones), y con ello, se ha disparado también el número de menas tutelados por la institución insular que ha pasado de 180 el año pasado, a 292.

Aunque ahora ha sido Inca donde Sánchez ha encontrado la oposición del primer edil socialista a la apertura de un centro social de estas características, el Consell de hecho no ha encontrado la colaboración de ningún alcalde de Mallorca para albergar uno en su municipio.

Baste recordar lo sucedido el pasado verano cuando el presidente del Consell, Llorenç Galmés, hacía un llamamiento a todas las administraciones incluyendo al Gobierno central, para la cesión de locales y edificios para albergar centros para menas.

Sólo encontró la respuesta positiva del Obispado de Mallorca, si bien a fecha de hoy, el local aún no está operativo ya que necesitaba reformas.

La oposición vecinal a que al lado de casa haya un centro de esta tipología, acongoja a los alcaldes que saben lo que se juegan si admiten la apertura de uno en su municipio, porque la compresión y el respaldo social es nulo.

El rechazo a estos centros residenciales de tutela de jóvenes de 16 a 18 años, no entiende de colores políticos. Afecta a alcaldes de todos los partidos, socialistas, PP, Vox y hasta los independentistas de Més. Es caso del primer edil de Esporles, Jaume Ferrá, que este pasado verano se ponía a favor de sus vecinos denunciando que el centro de menas instalado en una urbanización del pueblo era ilegal, porque carecía de licencia de actividad al estar ubicado en suelo rústico, instando al Consell de Mallorca a cerrarlo.

No será el de Esporles, el primero que tenga que clausurar sus puertas ante la presión vecinal.

La pasada legislatura sucedió en Palma, en concreto, en el barrio de Son Roca cuando en diciembre de 2021, el Consell de Mallorca procedió al cierre del conflictivo centro Norai por los graves problemas de inseguridad que ocasionaban sus 16 internos.

La situación era tan insostenible que la Policía Nacional, Palma y la Guardia Civil había tenido que actuar en más de 250 ocasiones el año del cierre y realizar más de una veintena de detenciones ante intentos reiterados de violación, peleas, robos con violencia y agresiones a vecinos del barrio.

También corrió la misma suerte la pasada legislatura el centro de Santanyí abierto por la dirección socialista del IMAS en 2021 sin informar al Ayuntamiento de esta localidad en manos del PP, y que tuvo que cerrar sus puertas un año después por orden judicial, al estar ubicado en un inmueble sin licencia. Un panorama más que complicado que no tiene visos de mejora a corto y medio plazo por la llegada masiva de inmigrantes (la semana pasada 800 personas en pocos días) que «está generando tensión entre los alcaldes», como ha reconocido la propia Prohens.