PP y Vox sacan adelante la mayor rebaja de impuestos en Palma con el rechazo de la izquierda
Además de congelar el IBI, se rebajan las plusvalías y los tributos de actividades y construcción
La izquierda rechaza el acuerdo de PP y Vox porque "perdona impuestos a los que más tienen"
El Ayuntamiento de Palma ha aprobado una bajada de impuestos de 11 millones con el rechazo de la izquierda en el último pleno ordinario del año que se está celebrando este jueves 19 de diciembre. Los tres partidos de izquierdas que componían el anterior gobierno municipal, ahora en la oposición, rechazaron este alivio de la presión fiscal a los ciudadanos, acordada por el gobierno en minoría del PP y su socio programático Vox.
Entre las novedades que plantean las nuevas ordenanzas fiscales que entrarán en vigor el 1 de enero, destaca la gratuidad de las tasas por expedición de documentos administrativos para las personas mayores que realicen los trámites de forma presencial en las dependencias municipales.
También incluye una bonificación del 95% en el IAE cultural y el IAE social. El primer ámbito afecta a establecimientos como librerías, museos, galerías de arte y otros equipamientos dedicados a la promoción de la cultura y el arte, mientras que la ordenanza referida al IAE social, resultará ventajosa para residencias, centros de día y otros servicios orientados a colectivos vulnerables.
El Impuesto de Construcciones y Obras (ICIO) comprenderá una bonificación de hasta el 75% en el caso de los proyectos sociales, culturales e histórico-artísticos, un porcentaje que también se aplicará cuando se trate de viviendas destinadas al alquiler social mientras el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), durante el actual mandato municipal permanecerá congelado y sin variación al alza para todos los sectores y todas las personas, sin excepción.
En cuanto al IBI, cabe remarcar el establecimiento de bonificaciones del 90% para las viviendas con un valor catastral de hasta 200.000 euros y del 50% en el resto de inmuebles, en el caso de las familias numerosas, cualquiera que sea su tipología y siempre que la misma esté recogida por parte del ordenamiento legal.
Hasta el momento, la concesión de estas bonificaciones dependía de la cuantía del valor catastral de la vivienda, con un límite fijado en 200.000 euros. También en relación con el IBI se introducen las bonificaciones del 95% del IBI social y el IBI cultural. El primero para los inmuebles donde se llevan a cabo actividades para los más necesitados, y el otro, afecta a locales dedicados a la promoción del arte y la cultura y también los denominados comercios emblemáticos.
Las plusvalías verán actualizados sus porcentajes en dos tramos: una reducción del actual 25% hasta llegar al 21,5%, en 2025, y hasta el 18% ya cuando llegue el año 2026. Además, vinculado a la rebaja impositiva que se aplica a las donaciones y sucesiones, la nueva normativa prevé una bonificación del 95%, que es el máximo autorizado por la ley, en el pago de las plusvalías asociadas a estas operaciones cuando se trate de transmisiones entre padres e hijos, abuelos y nietos, o cónyuges.
Desde las filas de la izquierda el rechazo fue unánimes. La única edil de Podemos en Palma, Lucía Muñoz, afirmó que «hoy se consolida una política fiscal para perdonar impuestos a los que más tienen, y un recorte de 11 millones para este Ayuntamiento que no sabemos como van a recuperarlos».
La edil independentista de Més, Neus Truyol, repitió este argumento asegurando que «hoy se consolida una rebaja fiscal a los que más tienen y a los que hacen negocio inmobiliario. Los vecinos no pueden pagar un alquiler y el PP rebaja impuestos a quien hace negocio inmobiliario, como la rebaja de plusvalía que será en Palma la más barata de todo el Estado español. El PP gobierna para quien hace negocio», afirmó al concejala secesionista.
En la misma línea desde las filas socialistas, el concejal Xisco Ducrós, afirmó que para la derecha «la vivienda es un negocio, porque esta rebaja fiscal sólo beneficia al 1% de la población, y el recorte de 11 millones lo van a pagar los de siempre, bien recortando servicios, o con proyectos que no se desarrollarán».
Por contra desde Vox que ha negociado y acordado este acuerdo con el gobierno en minoría del PP, la rebaja fiscal «se ha hecho con bastante prudencia y se ha trabajado intensamente», ha afirmado el concejal Ignacio Esteban que defendió que «la política fiscal forma parte de la política de cualquier gobierno y está hecha para que haya mayor actividad económica porque creemos en la actividad económica propiciada por la empresa privada y los ciudadanos».
La concejala de Hacienda del PP Mercedes Celeste, en la misma línea que Esteban, defendió una rebaja fiscal que «supone un ahorro de 11 millones a los ciudadanos y un acto de justicia para muchas familias de Palma».
En este sentido recordó, que desde el 1 de enero, «todos aquellos que hereden o den en vida su patrimonio aquí en Palma no pagarán este impuesto injusto. Y todos a los que les ha costado sangre, sudor y lagrimas conseguir una vivienda, saben que podrá conservarla su familia, porque nadie tiene derecho a cobrar impuestos a la muerte de nadie. Y eso en Palma se ha acabado», defendió la concejala del PP, en relación a la bajada del impuesto de plusvalías.
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