El perjuicio de la ley europea de minimis para las empresas de Baleares

El transporte de mercancías es una de las principales desventajas a las que se enfrentan las empresas de Baleares. Su condición de insularidad hace que deban recurrir al barco o al avión para trasladar sus productos, lo que supone un sobrecoste en la producción. Para paliar este perjuicio, el Gobierno de España ofrece ayudas al transporte marítimo y aéreo con origen o destino en las Islas. Sin embargo, estas subvenciones se quedan muy por debajo de los costes que han de asumir las empresas de Baleares, por culpa de las limitaciones que impone la ley de minimis.

La ley de minimis es una normativa europea que limita a 200.000 euros en tres años la cuantía máxima de subvenciones que puede recibir una empresa para el transporte de mercancías.

Año tras año, en las Islas cierran empresas industriales y manufactureras. Si hace dos décadas este sector representaba un 5,1% del Producto Interior Bruto (PIB), ahora mismo es sólo un 2,5%. Como territorio insular, la región debe asumir la desventaja que supone transportar materias primas y productos elaborados a unos costes más elevados. Ello deja a las empresas de Baleares en un situación de completa desventaja frente a las de la península o de Europa. Al fin y al cabo, el transporte por carretera es mucho más barato, pero no es una opción para la autonomía.

Para paliar los efectos de la insularidad en el traslado de mercancías, el Gobierno ofrece, desde hace años, ayudas. Por una parte, compensaciones del 65% del coste efectivo del flete de las mercancías en origen, es decir, productos fabricados en las Islas y enviados fuera. Por otra, subvenciones del 60% del coste en destino -productos de fuera que se venden en Baleares-, tanto entre la comunidad autónoma y la Península, como hacia países de la Unión Europea. No obstante, a pesar de estas ayudas las empresas de las Islas no pueden compensar los sobrecostes derivados de la insularidad. Y es que la Ley de minimis limita a 200.000 euros en tres años la cuantía máxima de subvenciones que puede recibir una empresa para el transporte de mercancías.

En relación con los costes aéreos o marítimos que afronta el tejido económico de Baleares para poder operar, la cifra estipulada por la normativa europea es muy inferior. En consecuencia, las bonificaciones al transporte no quedan debidamente cubiertas y se trata de una situación que se repite desde hace años. Así, el Cercle d’Economia de Mallorca y el de Menorca han asegurado que la única solución es que Baleares se incluya en el artículo 349 de la Ley de minimis. Dicho artículo detalla expresamente las regiones que por circunstancias extraordinarias quedan excluidas de la normativa.

Solución temporal

Tras reunirse con representantes del Gobierno de España y del Govern, ambos Cercles han asegurado que por el momento la exclusión de las Islas de la Ley «es inviable». Por ello, han reclamado la «complicidad» del ejecutivo balear para llegar a un acuerdo con los integrantes de la Comisión de las Islas de la Conferencia de Regiones Marítimas y Periféricas de Europa. El objetivo es que de forma transitoria se incremente el techo actual de minimis, establecido en 200.000 euros, a 1,5 millones.

Para los Cercles, este acuerdo «sería un avance muy importante que ayudaría a las empresas y al tejido productivo de Baleares». No obstante, han remarcado que esta solución ha de ser temporal. En este sentido, han señalado que esperan que durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, a partir del 1 de julio de 2023, se pueda conseguir una solución definitiva.