La peor noticia para la enseñanza concertada: el Govern de Armengol confirma el cierre de 47 aulas

No hay marcha atrás y Govern balear que preside Francina Armengol ha confirmado su nuevo ataque a la enseñanza concertada. En la reunión de la Comisión de Conciertos Educativos celebrada este viernes, el Govern ha confirmado el cierre de 47 aulas en 18 colegios de alumnos de 3 años en la enseñanza concertada debido al descenso de las matrículas motivado por la caída de la natalidad. No cierra ninguna aula de colegios públicos. 

El Govern ha explicado que mantiene el cierre de las aulas salvo que en los próximos tres meses se dispare la natalidad, algo que se vislumbra imposible. Textualmente ha dicho que mantiene el cierre «si de aquí al mes de septiembre la situación demográfica no permite incrementar las cifras de matrícula de estos centros».

De estas forma, la enseñanza concertada se ve obligada a pagar en solitario las consecuencias de una cifra de nacimientos extraordinariamente baja como resultado de la pandemia dado que el Govern no tiene prevista aplicar una medida similar en la enseñanza pública.

Para el próximo curso deben escolarizarse aquellos alumnos que nacieron en 2020, marcado por el confinamiento y la pérdida de puestos de trabajo.

Ante las protestas de la enseñanza concertada, la Conselleria de Educación que preside el socialista Martí March ha intentado calmar los ánimos anunciando una paralela reducción de aulas en la enseñanza pública aunque no ha ofrecido ningún detalle. El director general de Educación, Antonio Morante, no ha querido facilitar en ningún momento ni el número de unidades que se cerrarán en la red pública, ni los alumnos que ha perdido la enseñanza pública en los últimos años, ni el número de profesores que el Govern se verá obligado a despedir por este motivo, alegando que estos datos «no son de la incumbencia de la Comisión de Conciertos».

Por todo ello, los colegios de la enseñanza concertada no se han creído en ningún momento este anuncio de la Conselleria de Educación de cerrar aulas de la enseñanza pública.

La asociación Escola Catòlica que agrupa a los colegios religiosos señala que es un hecho generalizado en todo el territorio español la reducción de las tasas de natalidad, lo que implica una disminución de la población escolar en la etapa de Educación Infantil, agravado por los efectos de la pandemia y la gravísima carencia vivienda para las familias jóvenes.

Escola Cattòlica exige al Govern la retirada de la propuesta sobre el cierre de aulas, el mantenimiento íntegro de los conciertos actuales y la apertura de un período de reflexión y estudio sobre los efectos de la baja natalidad y envejecimiento de la población sobre todo en el sistema escolar, público y concertado, para adoptar las medidas necesarias, incluida, en su caso, la reducción de ratios a la totalidad de centros.

De todos modos Escola Catòlica exige que las medidas que se adopten «se llevan a cabo de forma global, y no como parches improvisados ​​de aplicación exclusiva a la red concertada» .

Morante tampoco ha ofrecido explicaciones cuando Escola Catòlica le reprochado que, con el ahorro del cierre de unidades -que puede conducir a medio plazo al cierre de centros enteros-, la Conselleria estaría financiando los compromisos adquiridos con el reciente acuerdo con la enseñanza concertado. La red concertada presenta, todavía a día de hoy, tras la entrada en vigor del Acuerdo, un déficit de financiación anual de cerca del 30%, que no será liquidado, según está previsto, hasta el año 2027 .

Como ya publicó este medio el pasado día 20 la Conselleria de Educación ha lanzado a pocas semanas de las elecciones su mayor ataque contra la enseñanza concertada en Baleares y propone cerrar 47 aulas en 18 centros pertenecientes a diferentes entidades, laicas y religiosas.

Escolas Católica, la asociación de centros religiosos, afirma que «no hay precedentes, en los 25 años desde la asunción de las competencias educativas, de tan feroz ataque contra la enseñanza concertada y contra la libertad de elección de centro y los derechos de los docentes y demás trabajadores de la enseñanza concertada».