El nuevo presidente del Tribunal Superior de Baleares quiere que el catalán sea lengua habitual en la Justicia
Carlos Gómez impulsa un plan de fomento del catalán entre los funcionarios de Justicia donde el Govern no tiene competencias
En su presentación estuvieron presentes los independentistas de la OCB, hermanada con Omnium Cultural de Jordi Cuixart
El magistrado acata la propuesta de Beatriu Defior, independentista de ERC y directora de Política Lingüística de Armengol
El nuevo presidente del Tribunal Superior de Baleares quiere que el catalán sea de uso habitual entre los funcionarios de Justicia. Casi un año después de tomar posesión del cargo, el magistrado Carlos Gómez marca distancias con su antecesor en el cargo, Antoni Terrasa, y parece decidido a escuchar las propuestas de las entidades catalanistas afines al gobierno liderado por la socialista Francina Armengol.
Para ello, nada mejor que presidir el lanzamiento de la campaña La Justicia, también en catalán, para el fomento del uso de esta lengua entre jueces y funcionarios de Justicia en Baleares. Un acto en el que estuvo acompañado por el presidente de la entidad catalanista Obra Cultural Balear (equivalente a Omnium Cultural en Cataluña), Josep de Luis, y el conseller socialista de Fondos Europeos, Cultura y Universidad del Govern balear, Miquel Company, entre otros cargos del Ejecutivo.
En su intervención, el presidente del TSJB aseguró que la campaña no pretende eliminar nada, sino «atraer y hacer posible el uso normal tanto del castellano como del catalán». Una tesis que en Baleares incumple sistemáticamente el Govern de Armengol al imponer el catalán de forma exclusiva en todos los ciclos de la enseñanza o el requisito de disponer de las titulaciones de catalán para el acceso a cualquier puesto de trabajo público de Baleares.
En el caso de la Justicia, al carecer de competencias, Armengol no puede requerir esas titulaciones a los funcionarios judiciales y ha sido Gómez el primer presidente del TSJB que lanza una campaña a favor del catalán.
Una iniciativa que, precisamente, partió de la dirección general de Política Lingüística del Govern dirigida por la independentista Beatriu Defior, excandidata de ERC. Ya el pasado mes de junio, la Sala de Gobierno del TSJB daba el visto bueno a la misma y lograba la adhesión además de los colegios profesionales del sector, abogados, procuradores o registradores de la propiedad.
Entre las actuaciones previstas, figuran, desde la colocación de carteles publicitarios en los juzgados informando a los ciudadanos de que pueden usar el catalán, la traducción automática de sentencias, curso para funcionarios o incluso contar con asesores lingüísticos.
«Ejercer un derecho no pude ser un acto heroico sino un acto de normalidad y quien quiera debe poder hacerlo con seguridad jurídica y confianza», afirmó Gómez en la presentación de la iniciativa catalanista destacando el carácter inclusivo de la campaña, motivado en el empleo del adverbio también. El presidente de los catalanistas de la OCB, Josep de Luis, aseguró que la Justicia es un ámbito «con mucho potencial» para mejorar en el uso del catalán.
La campaña arranca con la distribución de dípticos informativos en dependencias de la Administración de justicia y en colegios y entidades adheridos y cuenta con una web que facilitará el acceso de los trabajadores de los recursos y herramientas que puedan necesitar para atender a los que se dirijan a ellos en catalán.
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