Inspección pesquera interviene 60 kilos de pulpo a un restaurante del Port de Pollença
Ha interpuesto una denuncia por tenencia ilegal al no disponer el establecimiento de ningún tipo de documentación que acreditara la trazabilidad y procedencia del pulpo
Personal de inspección pesquera de la Dirección General de Pesca del Govern balear ha interpuesto una denuncia por tenencia ilegal de pulpo a un restaurante ubicado en el Port de Pollença. Concretamente, han intervenido 60 kilos de pulpo ya que el establecimiento no contaba con ningún tipo de documentación que acreditara la trazabilidad y su procedencia.
El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha manifestado que «el pulpo es una especie muy apreciada y es objeto de la pesca furtiva». «Desde la Conselleria hacemos estos controles para garantizar que se cumpla la normativa, con el objetivo de proteger los intereses legítimos del sector y también de los consumidores, así como evitar la competencia desleal. Actuaciones como éstas demuestran el compromiso del Govern en la defensa de nuestros pescadores», ha señalado Simonet en un comunicado.
El Govern ha explicado que los hechos se produjeron durante una visita rutinaria, en el marco de una inspección conjunta con personal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a restaurantes de Baleares. Los 60 kilos de pulpo se encontraron en las cámaras de congelación de este local, distribuidos entre varias bolsas de plástico.
Debido al buen estado del producto, en lugar de destruirlo, desde la Direccion General de Pesca se ha optado por contactar con la Fundación Palma Aquarium a quien se ha entregado el pulpo para alimentar a tortugas marinas y a otras especies en proceso de recuperación.
Hay que recordar que, según la Ley 6/2013, de 7 de noviembre, de pesca marítima, marisqueo y acuicultura en las Islas Baleares, comercializar productos pesqueros sin justificar la trazabilidad y el origen se considera una infracción grave y se puede sancionar, además del decomiso de la mercancía, con una multa mínima de 601 euros y que puede llegar hasta los 60.000 euros. Los servicios jurídicos de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural serán los encargados ahora de instruir el procedimiento sancionador.
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