Un informe delata a ex cargos de la izquierda que hicieron un uso indebido de tres parkings en Palma

Un informe de los técnicos del Consell de Mallorca, que ahora gobiernan PP y Vox, ha confirmado la denuncia que en su día formuló la institución insular contra tres ex altos cargos de la izquierda: Jaume Alzamora e Isabel Busquets (Més per Mallorca) y Andreu Serra (PSOE).

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, ha confirmado a OKBALEARES las conclusiones de dicho informe, que hablan de «un uso indebido de tres plazas de aparcamiento en el centro de Palma que abandonaron cuando perdieron las elecciones y cuya factura nunca pagaron al Ayuntamiento de Palma».

El documento concluye que el uso de las tres plazas de aparcamiento por parte de los tres políticos de izquierdas con cargo bajo la presidencia de la socialista Catalina Cladera, no estaba autorizado en ninguno de los casos, por lo que incurrieron en una irregularidad. Irregularidad detectada por el Gobierno del PP en la institución cuando el Ayuntamiento de Palma les remitió tres facturas por un importe total de 40.000 euros, que los tres cargos de la anterior legislatura se han negado a pagar hasta el día de hoy.

En el informe también se destaca que la contratación de estas plazas no se ajusta a ningún interés público. En el caso de Jaume Alzamora se da la circunstancia de que su despacho está bastante lejos de la plaza de aparcamiento utilizada durante años sin pagar.

La institución insular ha remitido el informe al Tribunal de Cuentas para que proceda a reclamar las cantidades correspondientes a los tres afectados.

Los tres aparcamientos se encuentran ubicados en la Vía Roma palmesana y fueron usados por los políticos de PSOE y Més per Mallorca entre los años 2019 y 2023.

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, ha hablado por primera vez de este informe. Lo ha hecho a OKBALEARES: «Se fueron sin pagar pasando la cuenta a todos para que la paguen todos los mallorquines».

El conseller de Presidencia de la institución insular, Antoni Fuster, ya explicó al detectarse estas anomalías que estos contratos se habían firmado en anteriores legislaturas, pero puntualizó que en 2019 se produjo un cambio de normativa que impide que el Consell asuma este tipo de gastos de sus altos cargos y lo debe abonar cada trabajador de la entidad.

También afirmó que estas personas aparcaban allí sus «coches privados», puesto que en los contratos de alquiler de las plazas «no ponían las matrículas» de los vehículos a los que estaban asignadas y, al disponer del contrato, ya se les permitía el acceso a los aparcamientos de Vía Roma.