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El Govern, condenado a pagar 1,2 millones por una desclasificación de suelo del ex presidente Antich

Tendrá que indemnizar a los propietarios de los terrenos urbanizables de Es Vilà (Pollença) que pasaron a estar protegidos

Cuando entró en vigor la Ley 4/2008 se habían ejecutado ya, parcialmente, el 70% de las obras de urbanización

  • Indalecio Ribelles
  • Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) ha condenado a la Comunidad Autónoma a indemnizar con 1,2 millones a tres promotoras afectadas por la desclasificación de Es Vilà (Pollença, Mallorca) de la Ley 4/2008 del ex presidente socialista balear Francesc Antich.

Las empresas eran titulares de 21.476 metros cuadrados de terrenos y reclamaban más de 13 millones de euros al Govern, pero el Alto Tribunal ha estimado sólo en parte su recurso contencioso administrativo, rechazando el grueso de sus argumentos.

Así, el TSJB deja la cantidad a pagar en 1.221.340,56 euros, más intereses a computar desde 2009; todo ello a repartir entre las tres en función de su cuota de dominio sobre las parcelas afectadas.

Esta indemnización es en concepto de costes y gastos de urbanización que resultaron inútiles como resultado de la desclasificación, gastos incrementados por la tasa libre de riesgo y por la prima de riesgo, en base a un informe pericial que aportaron las empresas a su demanda.

Las sociedades también reclamaban más cantidades en concepto de cuotas de IBI satisfechas, y sobre todo, por pérdida de aprovechamiento de los solares, pretensiones que no se han aceptado en base a una sentencia de 2014 del Tribunal Supremo.

Las parcelas estaban clasificadas como suelo urbanizable y con la entrada en vigor, en mayo de 2008, de la ley de medidas urgentes para el desarrollo territorial sostenible en Baleares, y parte del terreno pasaba a tener la condición de suelo rústico protegido con la categoría de área natural de especial interés (ANEI). Eso impedía el desarrollo urbanístico que se había previsto en el Plan General (PGOU) de Pollença para las parcelas afectadas por esta sentencia.

Cuando entró en vigor la Ley 4/2008, se habían ejecutado parcialmente obras de urbanización con un porcentaje de consolidación del 69 por ciento, como accesos mediante vial rodado, red de agua potable, electricidad, iluminación y pluviales.

La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso ante el Tribunal Supremo o el mismo TSJB.