El Govern balear encuentra 4.295 expedientes sin resolver en Recursos Hídricos

El Govern balear que preside la popular Marga Prohens ha encontrado 4.295 expedientes sin resolver en la Dirección General de Recursos Hídricos. Son expedientes que ha dejado pendientes el anterior Ejecutivo de izquierdas que presidía la socialista Francina Armengol y que tenía a Miquel Mir, de Més per Mallorca, como conseller de Medio Ambiente.

El actual conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha ofrecido estos datos durante su comparecencia en la Comisión de Ordenación Territorial, Vivienda, Movilidad, Mar y Ciclo del Agua del Parlament. Lafuente ha achacado la acumulación de expedientes sin resolver a la mala gestión del anterior del Govern y a las carencias de personal en el departamento de Recursos Hídricos.

La mayoría de expedientes paralizados se refieren a autorizaciones para infraestructuras, construcciones en zonas de dominio de torrentes y también a concesiones de pozos y explotaciones de extracción de aguas subterráneas.

Ante esta situación, el conseller Lafuente ha anunciado una plan de reorganización, dotado con más recursos, para paliar la «gestión deficiente de los últimos ocho años».

Lafuente  ha puesto como ejemplos los «retrasos alarmantes» de varios  años en el Servicio de Aguas Subterráneas, con expedientes pendientes desde 2019, o de dos años y medio de los informes de zonas inundables en el Servicio de Dominio Público Hidráulico.

Por lo que afecta a la Dirección General de Costas y Litoral  también ha destacado la «preocupante» situación que vive este área debido a «la mala gestión en cuanto a la transferencia de competencias».

«La falta de personal ha desencadenado que haya unos 2.000 expedientes pendientes de atención, algunos de los cuales datan de hace años. Aunque se supone que se debería contar con un equipo de 38 personas, actualmente solo trabajan 18 y el resto son plazas que están pendientes de cubrir. En Ibiza y Formentera, por ejemplo, no hay vigilantes y en el caso de Menorca solo hay uno», ha detallado el conseller, según informa Europa Press.

Baleares asumió el 1 de julio una parte de las competencias en materia de Costas y Litoral, con una dotación económica de 1,3 millones de euros (982,19 euros por kilómetro de dominio público marítimo-terrestre), pero el Gobierno central sigue teniendo la última palabra en las concesiones y se reserva, además, el cobro del canon de ocupación y la planificación de los proyectos y obras de interés general. El Govern balear, por su parte, se encargará de gestionar las autorizaciones administrativas dentro del dominio público marítimo terrestre.

Durante su comparecencia parlamentaria, Lafuente ha anunciado un plan de inversiones para modernizar las infraestructuras del ciclo del agua, la elaboración de un proyecto de Ley de Ordenación y Gestión integral del litoral de Baleares o una mayor dotación de personal para resolver la cantidad de expedientes pendientes en Recursos Hídricos o Costas.

Lafuente ha explicado que una de las principales medidas de su Conselleria para esta legislatura será poner en marcha un Plan de modernización para invertir en infraestructuras relacionadas con el ciclo del agua.

Así, ha destacado que las redes de canalización son la infraestructura que mantiene el suministro de Baleares y su estado de conservación y eficiencia «tienen un impacto directo en la calidad de vida de los ciudadanos».

El responsable del Ciclo del Agua ha apuntado que este programa vendrá acompañado de la financiación necesaria con la creación de un fondo específico, con recursos procedentes del canon de saneamiento, de la recaudación del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), inversiones del Estado y Fondos Next Generation.

Respecto al proyecto de ley del litoral, ha resaltado que la normativa tendrá como objetivo estructurar la costa, además de establecer la protección de construcciones históricas, como los ‘escars’ o las ‘cases de vorera’. La ordenación se desarrollará de acuerdo con planes insulares, con una especial atención a la problemática específica de Formentera.

Lafuente ha indicado que esta ley, no solo actuará como gestión y ordenación integral del litoral, sino que se trabajará para hacer compatible la ordenación del litoral y su uso con la protección y la preservación. «Esta normativa permitirá establecer claramente qué usos y servicios son admisibles y cuáles no», ha detallado.

En materia de infraestructuras portuarias, Lafuente ha resaltado el «descontrol» de los últimos años, por lo que ha adelantado que tratará de «poner orden en esta situación, permitir actividades y ordenar todo lo que se ha prohibido hasta ahora, y que desafortunadamente se ha continuado haciendo sin ningún tipo de control».