El gobierno del PSOE en Mallorca echará a cinco educadores de 55 años y 20 trabajando sin indemnización
Dejarán de trabajar en el IMAS al no ser licenciados y no poder inscribirse en el proceso de estabilización de plazas
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El Govern balear acuerda la oferta para estabilizar más de 10.000 plazas de trabajadores públicos
El gobierno socialista del Consell de Mallorca, del que forman parte también independentistas de Més y Podemos, despedirá a cinco educadores, todos ellos mayores de 55 años, que llevan 20 años trabajando en el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), y lo hará, además, sin abonarles indemnización alguna.
Se hará efectivo si antes del próximo 30 de diciembre la presidenta socialista del Consell, Catalina Cladera, no pone sobre la mesa alguna iniciativa para remediar la situación de estos trabajadores de la administración insular.
Esto pasaría por permitirles participar en el proceso de estabilización de plazas derivado de la Ley 20/2021 del IMAS donde prestan sus servicios y al que no pueden concurrir, dado que no cuentan con titulación universitaria, requisito que no se requería cuando hace más de dos décadas empezaron a trabajar en los servicios sociales insulares y que fue implantado en 2005.
Hasta la fecha, ni Cladera ni la consellera socialista de Asuntos Sociales y presidenta de este instituto público, Sofía Alonso, han dado su brazo a torcer pese a la gravedad del caso, puesto que si no pueden concurrir al proceso, se verán en la calle sin percibir un solo euro de indemnización, lo que unido a su edad será un golpe psicológico terrible para estos trabajadores. Si el IMAS ejecuta el despido de estas personas estaría, además, contraviniendo su propio lema, Cada persona importa.
El sindicalista de USO Daniel Avia tiene claro que «estas personas que llevan más de 20 años trabajando en el IMAS se merecen poder participar en ese proceso de estabilización. Otra cosa es que por puntuación no lo logren, pero sí al menos poder participar». Si bien el plazo para inscribirse termina el 30 de diciembre, este sindicalista considera que «hay tiempo».
La solución, apunta, pasaría por crear o modificar unas plazas con requisitos técnicos menores que la licenciatura, donde pudieran participar ellos y el resto de personal con titulación universitaria.
Es decir, no piden plazas a la carta que en no pocas ocasiones se han creado y adjudicado en todas las administraciones y por toda clase de partidos, sino poder presentarse junto a todos aquellos que deseen concurrir a las mismas.
Una situación anómala creada por la Administración
«Es buscar una solución a una situación anómala que ha generado la propia Administración pero siempre después la Administración se lava las manos, se desentiende y a los políticos les da igual. Eso sí, no han parado hasta pagarle 1,5 millones al RCD Mallorca y buscado fórmulas para comprar de forma más que dudosa un chalé para un centro de menores en Puntiró», crítica este representante sindical.
Precisamente, el PP presentará una propuesta al pleno insular que tendrá lugar la semana próxima en la que insta a buscar una solución para estas personas, ya que considera una flagrante «injusticia» que algunos de estos trabajadores, después de décadas de experiencia, no puedan presentarse y optar a su plaza porque no disponen de la titulación requerida «cuando hasta ahora no se les había exigido».
«No nos explicamos que las personas que ahora hacen un trabajo no se puedan presentar y no se valore la experiencia y dedicación. No podemos consentir que estos trabajadores, después de dedicar toda su vida a esta profesión, se queden sin trabajo, quedando simplemente a la espera de su cese y sin opción de indemnización al no poder presentarse a la especialidad que han ejercido durante muchos años y que a día de hoy todavía desarrollan».
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