El Gobierno de Baleares pone en peligro 1.500 puestos de trabajo y 33 millones euros de ingresos

En Baleares parece que este otoño no viene los sufrientemente convulso: además de la inflación, la desaceleración de la economía, la destrucción de empleo, la incertidumbre energética debido a la guerra y las restricciones y requerimientos a comercios para luchar contra el cambio climático hay que sumar la particular vendetta que parece tener el vicepresidente Juan Pedro Yllanes contra el sector del juego privado en Baleares.

No contento con la que está cayendo, Yllanes ha declarado que quiere reducir drásticamente el número de salones de juego en Baleares. La propuesta de modificación de la ley del juego propone una moratoria automática de nuevas licencias de salones de juego hasta reducir el 50% de los mismos con la correspondiente pérdida de riqueza y de puestos de trabajo.

Cabe señalar que el juego privado en Baleares ingresa en concepto de tasa fiscal de juego en las arcas de la comunidad 33 millones de euros según la ATIB, lo que corresponde a un 1% del total del presupuesto de la comunidad. Además según la patronal el juego privado solo en Baleares da trabajo a 1500 empleados directos. Todo esta propuesta de cambio de la normativa se está produciendo sin el consenso, ni siquiera conocimiento, de la patronal o sindicatos del sector.

El fundamento de Yllanes para formular la moratoria y el endurecimiento de la regulación es la densidad de salones por habitante respecto a la media española. Pero si comparamos la media de salones de juego con otras comunidades turísticas como son Valencia, Murcia o Canarias, las Islas Baleares se encuentran en la media o incluso por debajo debido a la población flotante que el turismo aporta a estas regiones según Sareiba.

Esta insistente y desmedida atención que hace el vicepresidente ante un sector perfectamente regulado, sin incidencias desde hace años con la entrada de menores (según el propio Yllanes y la propia Policía Nacional) pone de manifiesto la incapacidad de regular el juego online y la nula voluntad política de regular otros operadores de juego, como por ejemplo es la ONCE, que operan sin un control efectivo del acceso a menores, sin un censo de los múltiples puntos de venta, incluso en la puerta de colegios y hospitales y ambulatorios.

En palabras Javier Molinera, exjefe del Servicio de Control de los Juegos de Azar y Apuestas de la Policía Nacional hasta el año pasado, que la sobrerregulación del juego privado más allá de desincentivarlo, puede avivar el juego ilegal, libre y sin control, obteniendo el efecto inverso al deseado por el Govern Balear.