El Gobierno balear pretende reformar la ley autonómica de juego totalmente a ciegas

¿Se imaginan tratar de gobernar un barco sin cartas náuticas o brújula? ¿Qué rumbo tomarían? ¿Cómo saber cuál es la dirección correcta en alta mar o de noche? ¿Cómo saber si estamos navegando en aguas someras o peligrosas?

Algo así es lo que está ocurriendo en la Consejería de Transición Energética, Sectores Productivos i Memoria Democrática del Gobierno Balear al reconocer «no tener datos económicos del sector del Juego» al «carecer de un listado informatizado de los procedimientos administrativos» y todo ello en un momento clave, ya que se está negociando la modificación de la vigente ley del Juego de la comunidad balear que tiene previsto una reducción de salones drástica así como un endurecimiento de la normativa regulatoria. ¿En base a qué se realizará esta reforma de la ley autonómica del juego?

Según hemos podido ver en portal especializado Joc Privat, se aporta un documento con la respuesta oficial de la Consejería de Transición Energética, presidida por Juan Pedro Yllanes de Unidas Podemos, donde ante una solicitud petición de datos del sector en Baleares dice claramente «carecer de información sobre datos económicos del sector del Juego».

El motivo que apuntan es que «la aplicación informática no funciona de forma correcta y, en consecuencia, los datos solicitados deberían extraerse consultando expediente por expediente sobre un total de más de 5.000 expedientes en vigor», traduciendo textualmente el documento aportado por el portal.

Ante la petición, la Secretaria General de la Consejería Transición Energética, licenciada en derecho y con un salario de 57.443,88 € brutos anuales según datos del portal de transparencia del propio Gobierno Balear, resuelve «inadmitir la petición, ya que sería necesario realizar una tarea previa para dar la información solicitada al no disponer de un listado informatizado de los datos y para su elaboración tiene que consultarse cada expediente de manera individual», es decir no sólo no disponen de los datos, sino que no parece tener muchas ganas de realizar las acciones necesarias para poder facilitar la información requerida por escrito y por los conductos que la administración pública balear estipula.

Si a estas dos situaciones, por un lado, las reformas que se están formulando para modificar la actual ley del juego en Baleares y por otro a declarada incapacidad por parte del vicepresidente Yllanes para facilitar datos económicos concretos sobre el sector, sumamos a la ecuación que se ha dejado sistemáticamente de lado en las conversaciones para la modificación de la norma a los dos actores que pueden aportar datos reales sobre el mismo (patronal y sindicatos) la única conclusión posible que se puede extraer es que esta moratoria de nuevas aperturas y endurecimiento de la normativa no responde a nada más que a intereses políticos y partidistas.

Ya lo decía el conocido historiador romano Cayo Cornelio Tácito: «Cuanto más corrupto es el Estado, más leyes tiene».