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El fiscal que dejó escapar al capo Cursach mantiene la petición de 118 años de cárcel para el juez instructor

Tomás Herranz ha pasado en pocos meses de acusar a Cursach de múltiples delitos a convertirse en su máximo defensor

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Surrealista: el fiscal rompe a llorar ante las víctimas tras dejar escapar sin cargos al ‘capo’ Cursach

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares celebra este lunes el juicio contra los investigadores del caso Cursach, el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán. El escrito de acusación está firmado por los fiscales Tomás Herranz y Fernando Bermejo que piden 118 años de cárcel para Penalva y 121 par Subirán. Tomás Herranz es el fiscal que entre lágrimas pidió perdón por las acusaciones y dejó escapar al capo de la noche, Bartolomé Cursach, y a todos los acusados de múltiples delitos.

El fiscal Herranz ha pasado en pocos meses de acusar a Cursach a pedirle perdón por haberle acusado y ahora a actuar contra el juez Manuel Penalva que instruyó el caso junto al fiscal Subirán. Herranz se ha convertido en el auténtico defensor del capo Cursach.

Herranz exculpó a Cursach tras obviar las múltiples pruebas que habían aportado los instructores del caso contra el empresario. Com desveló OKDIARIO, los documentos que están en manos de este medio ratifican que en el sumario del caso Cursach estaba incorporada como prueba la grabación que muestra el presunto trato de favor que recibía el empresario de la noche mallorquina por parte de la Patrulla Verde de la Policía Local de Palma. Es una de las grabaciones que no quiso utilizar el fiscal Tomás Herranz antes de acabar exculpando a Cursach de todos los delitos, algunos tan graves como  soborno, pertenencia a grupo criminal, prevaricación y coacciones, entre otros.

Un agente de la Policía Local aseguró que el ex jefe de la Patrulla Verde -departamento adscrito a la Policía Local de Palma de Mallorca- avisó sobre un control de aforo en la discoteca Tito’s, propiedad de Cursach. Le dijo: «Hay dos maneras de hacer las cosas. Una es la que se merecen, que es decirles que a las tres vendremos a hacer una inspección, y la otra es venir sin avisar». OKDIARIO ha desvelado la cinta que ratifica el testimonio de este policía local propuesto por la acusación en el desarrollo del juicio del caso Cursach y que el fiscal Tomás Herranz omitió misteriosamente.

En su escrito de más 30 páginas, la Fiscalía Anticorrupción atribuye al magistrado y fiscal de la fase de instrucción del caso Cursach delitos de revelación de secretos, obstrucción a la justicia, detención ilegal, prevaricación e inducción al falso testimonio.

Herranz sentenció que, «en la fase de instrucción de la causa, se dejaron de lado las más elementales prácticas de una investigación imparcial», al tiempo que acusaba de «calumnias» al ex juez de instrucción Manuel Penalva, al ex fiscal Miguel Ángel Subirán y al grupo de blanqueo de capitales, lo que «menoscabó la fama de los acusados».

Así lo dijo Herranz el 30 de noviembre durante la presentación del informe que justifica la retirada de acusación. Antes de todo esto, hasta una quincena de delitos recaían sobre el capo de la noche mallorquina y entre ellos, narcotráfico, corrupción de menores, pertenencia a organización criminal, cohecho, extorsión, amenazas, coacciones, uso de información privilegiada, delito contra la Hacienda pública, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, falsedad documental estafa procesal, aportación de documentos falsos en juicios, tenencia ilícita de armas y delitos contra los derechos de los trabajadores.

También Fiscalía solicita 162 años de inhabilitación y 59.400 euros de multa para Penalva y 162 años de inhabilitación y 72.600 euros de multa para Subirán. En el escrito se señalan las instrucciones de los casos Cursach, ORA, IME y Madame.

A estas penas de petición de cárcel se suman las presentadas por los abogados de Bartolomé Cursach, Bartolomé Sbert, Jaime Lladó y Antonio Bergas. En el escrito, reclaman penas de más de 200 años de cárcel y 338 años de inhabilitación, y multas que conjuntamente ascienden a 2,3 millones de euros por delitos continuados de revelación de secretos, obstrucción a la justicia, omisión del deber de perseguir delitos, prevaricación y coacciones.