El falso mantra del Gobierno balear contra la proliferación del juego privado

Los números hablan: desde el 2019 un total de 37 salas de juego han cerrado sus puertas en Baleares, según apareció en el Ultima Hora hace unos días, con la consiguiente reducción de puestos de trabajo e impuestos para las arcas regionales. Mientras, desde el Gobierno balear no cesa de repetir una y mil veces la proliferación desenfrenada de los salones de juego y de las casas de apuesta. Es tal su cerrazón en ese mantra que el vicepresidente Yllanes dijo que la actual reforma de la ley regional de juego se producía para que “Baleares no se convirtiese en unas Vegas Low Cost”, buen titular político, pero nada más lejos de la realidad.

Dato mata relato: no existe tal proliferación según arrojan los datos públicos, lo que parece existir es una desmedida e interesada voluntad política en poner en el punto de mira a todo un sector, el del juego privado, estigmatizándolo con la finalidad de ir contra él y sacar un rédito electoral a costa un sector empresarial, muy regulado y controlado, que aporta el 1% de los presupuestos insulares, da trabajo a más de 1500 familias y que se encuentra avocado a sufrir los bandazos electoralistas de un gobierno de coalición en pleno proceso de desintegración.

La propuesta de modificación, todavía en borrador, de la ley balear de juego de 2014 fija un máximo de 75 salas de juego por cada millón de habitantes, un número totalmente arbitrario muy por debajo de media de comunidades autónomas turísticas. ¿Por qué no 50 salas por millón de habitantes? ¿Por qué no 99 salas? Nadie lo sabe.

Baleares cuenta con 1,2 millones de residentes censados, según el padrón de 2022, sin contar los que tienen aquí una segunda vivienda y pasan largos períodos, los trabajadores temporeros o los turistas que disfrutan de nuestras islas. Esto supone que no habrá nuevas licencias hasta que las 140 salas actuales no se reduzcan a prácticamente la mitad.

Son muchos los que se preguntan: ¿Cuál será la próxima ocurrencia política en relación al sector productivo del juego en Baleares? Pues en los vericuetos de las negociaciones de los próximos presupuestos del 2023 ha aparecido la respuesta: una subida de impuestos al sector del juego privado. “La política fiscal es clave para definir también la ideología y las prioridades en política” declaraba el consejero de educación del Gobierno balear Martí March hace unos días. En este caso, una vez más, al sector del juego privado parece aplicársele más los criterios ideológicos que los criterios económicos.