Corrupción en Baleares: la izquierda impide que el ex juez de Podemos dé explicaciones en el Parlament

• Miquel Ángel Font @mafontvilla3
• Corresponsal político en OKDIARIO Baleares. Antes, redactor jefe de EL MUNDO/ El Día de Baleares.
• • 11/05/2022 18:18
  • Actualizado: 11/05/2022 18:35

Los tres partidos del pacto de gobierno de izquierdas de Baleares han vuelto a vetar la comparecencia del conseller de Podemos y vicepresidente de Baleares, el juez en excedencia Juan Pedro Yllanes,  para dar explicaciones sobre el caso de corrupción que afecta a su departamento y que investiga el Juzgado de Instrucción número 10 de Palma. Esta comparecencia la ha solicitado Vox al igual que la primera.

En la segunda vez que la formación Vox solicita la comparecencia de Yllanes y es también la segunda vez en que la izquierda sale en tromba en defensa del vicepresidente del Ejecutivo balear.

Como ha publicado OKDIARIO, el pasado 5 de mayo, la Justicia ha abierto diligencias de investigación por la falsificación de un documento público que afectan directamente al número 2 de la Conselleria de Energía e Industria que preside el juez de Podemos en excedencia, Juan Pedro Yllanes. La titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Palma, Carmen Abrines, ha dictado un auto en el que señala como denunciado al director general de Industria, Antonio Morro, por un supuesto delito de falsificación de documento público relacionado con el denominado caso Varadero.

La apertura de diligencias de investigación que afectan al número 2 de Yllanes ha motivado que en la Junta de Portavoces de este miércoles Vox haya  presentado la segunda petición de comparecencia Yllanes con la finalidad de que diera explicaciones por el presunto caso de corrupción en el Puerto de Palma en el que se han denunciado tratos de favor a determinadas empresas y falsificación de documentos públicos.

Los votos en contra de PSOE, los independentistas de Més y Podemos junto a la abstención del PI han evitado que Yllanes ofrezca explicaciones en sede parlamentaria. El diputado y líder de Vox, Jorge Campos, ha señalado que «las acusaciones son suficientemente graves para que el vicepresidente del Gobierno de las Islas Baleares dé explicaciones. Si hay algo, que lo diga. Si no, que lo explique. Volveremos a solicitar la comparecencia una y otra vez, no para acusar a nadie, sino para que se den las aclaraciones oportunas. Tal vez, quién se niega a dar explicaciones es porque tiene algo que ocultar».

Campos ha calificado el veto de la izquierda como «tic antidemocrático» al tiempo que ha asegurado que desde Vox se seguirá en el empeño de aclarar el caso «por mucho que les pese a socialistas, a Podemos y a Més».

¿Qué se investiga?

La investigación que desarrolla el Juzgado de Instrucción número 10 no es sólo por la falsificación de un  documento público sino también por haber hecho desaparecer de la web el documento falsificado.  La falsificación de este documento evitó fuertes sanciones a las empresas del sector náutico afines al Govern por incumplimiento grave de la normativa sobre seguridad industrial y protección del medio ambiente. Además, y lo que es más importante, paralizó una investigación judicial que hubiera perjudicado tanto a las empresas del sector náutico afines al pacto de izquierdas como al propio Ejecutivo balear que las protegía.

Los hechos se remontan teóricamente al 29 de julio de 2020 cuando la Conselleria del podemita Juan Pedro Yllanes firmó una resolución por la que se archivan los expedientes sancionadores contra empresas del sector náutico afines al Govern. En realidad este documento no se firmó el 29 de julio sino que fue creado y firmado el 10 de septiembre del mismo año, según certifica el informe de los peritos judiciales informáticos.

Lo que sucedió es que el 9 de septiembre de 2020 el juez inició la instrucción por la no tramitación de los expedientes sancionadores y solicitó a la Conselleria de Yllanes que le remitiera toda la documentación sobre el caso. Un día después el Govern saca a relucir la resolución por la que se indica que ya no hay expedientes para tramitar y que, por tanto, no hay nada que investigar.

El truco estuvo en crear el documento un día después de que el juez solicitara toda la documentación y que se firmara poniendo la fecha 29 de julio. Esta falsificación de documento público figura en la ampliación de la querella presentada por el Grupo Fabkina.

Al mismo tiempo que sucedía todo esto, el propio Govern estaba concediendo importantes subvenciones a las empresas expedientadas dentro de su programa para potenciar el sector náutico. Lo que no podía pasar en ningún caso es que el Govern apareciera como financiador de unas empresas que estaban expedientadas por graves infracciones a la normativa sobre seguridad industrial, entre otras.