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'caso koldo'

La empresa del ‘caso Koldo’ contratada por Armengol no estaba capacitada para suministrar mascarillas

El Govern de Prohens considera nulo el contrato y reclama la devolución de los 3,7 millones

No cumplia ninguno de los tres requisistos: tener capacidad de obra, tener capacidad económica y tener capacidad técnica

La empresa de la trama Koldo Soluciones de Gestión SL no cumplía ninguno de los tres requisitos para poder firmar un contrato con el Govern balear de la socialista Francina Armengol para suministrar mascarillas. Los requisitos son ser una empresa con capacidad de obra (no se dedicaba al suministro de material sanitario), tener capacidad económica para este contrato y en tercer lugar tener capacidad técnica para la operación de suministrar material sanitario.

Por todo ello, el Govern de Marga Prohens considera nulo el contrato y ya ha iniciado el procedimiento para su anulación y para reclamar la devolución de los 3,7 millones. Al mismo tiempo, el Govern desiste de la primera reclamación a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL de 1,6 millones de euros para iniciar un nuevo procedimiento para restituir a la Comunidad Autónoma el monto total del contrato. Así lo ha anunciado el director general del IB-Salut, Javier Ureña, en una rueda de prensa acompañado del vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Antoni Costa.

La primera reclamación cifraba el importe en 2,6 millones por la diferencia de precio entre una mascarilla quirúrgica y una FFP2. El nuevo expediente, que ya se ha notificado a la mercantil, supone un cambio de estrategia al sostener la nulidad total del contrato desde su origen.

Costa ha informado de que el Ministerio de Hacienda ya ha aceptado la descertificación de gasto europeo de este contrato y que ya se ha comunicado a Bruselas.

Contrato «nulo de pleno derecho»

Con estos argumentos, la nueva estrategia del Govern pasa por declarar que el contrato es nulo de pleno derecho, haciendo que se retrotraiga todo el expediente y dejando así sin efecto cualquier paso posterior -como si el contrato nunca se hubiera celebrado-.

Este giro no es baladí puesto que el motivo por el que el Govern ha decidido desistir de la primera reclamación es el obstáculo que representa un certificado emitido por el IbSalut en agosto de 2020. En aquel escrito el Servicio de Salud avalaba el contrato acreditando que se había ejecutado sin incidencias, a pesar de que ya tenía los análisis que constataban que las mascarillas no cumplían los requisitos de una FFP2.

Aquel documento, esgrimido por la empresa en sus alegaciones, hacía que la reclamación del Govern tuviera «muy pocos visos de prosperar», según Ureña, que ha negado que el nuevo trámite esté motivado por la caducidad del primer expediente.

De hecho, según el director general, en el desistimiento el IbSalut también ha corregido «un defecto de forma» en la primera reclamación por el que «se indicaba erróneamente que el plazo era de tres meses. Ese margen es al que aludían los investigados en las conversaciones intervenidas por la Audiencia Nacional; allí llegaban a la conclusión que si el Govern no respondía antes de enero, la reclamación caducaría. Ureña ha vuelto a insistir en que el plazo era de ocho meses.

La declaración de nulidad, junto al desistimiento de la anterior reclamación, ya se ha notificado a la mercantil, que tiene diez días hábiles para formular alegaciones. El plazo para resolver este expediente es de seis meses.

El director general del IbSalut ha insistido en que es su obligación «agotar todas las vías posibles para intentar resarcir el daño patrimonial» a las arcas públicas, si bien la situación económica de la empresa podría complicar la devolución de los fondos. En los pinchazos telefónicos los investigados se mostraban muy nerviosos por la posibilidad de entrar en concurso de acreedores ante la petición balear.

Por último, Ureña ha desmentido que «ningún alto cargo ni ningún directivo del IbSalut» hayan mantenido «ningún contacto con la empresa ni con nadie de la trama», ni por teléfono, correo electrónico o en persona. Todas las comunicaciones «han sido a través de funcionarios y dentro del trámite formal» de la reclamación.

Como ya publicó OKDIARIO el pasado día 18, el Govern balear que preside Marga Prohens está tramitando dos reclamaciones, una por vía penal y otra por vía administrativa, para recuperar los 3,7 millones correspondientes al cargamento de mascarillas compradas por el anterior Ejecutivo de Francina Armengol a Soluciones de Gestión SL, la principal empresa investigada del caso Koldo.
Armengol aceptó las mascarillas, aun sabiendo que eran fake, y nunca llegó a reclamar de forma oficial el dinero. Así, le perdonó a la trama Koldo al menos 2,6 millones de euros por la estafa.

La Abogacía de la Comunidad Autónoma que dirige Antònia Perelló está preparando la reclamación por vía penal mientras que la Conselleria de Salud ultima la presentación de la reclamación del dinero a la empresa de la trama Koldo por vía administrativa.

La jefa de la Abogacía del Govern de Prohens está actuando de forma muy diferente a su antecesora en el cargo, la ex diputada del PSOE Lourdes Perelló, que bendijo la compra de mascarillas sabiendo que eran de una calidad muy inferior a las contratadas.

La realidad es que el anterior Ejecutivo del pacto de izquierdas que presidía Armengol nunca llegó a reclamar de forma oficial el dinero estafado a la Comunidad Autónoma por la empresa vinculada a la trama Koldo por las mascarillas fraudulentas. Únicamente dictó una resolución anunciando la reclamación pero no era más que una declaración de intenciones.

En esta resolución, firmada el 6 de julio de 2023, un día antes de la toma de posesión de Marga Prohens como presidenta, el Govern de Armengol hablaba de reclamar a Soluciones de Gestión SL 2,6 millones de euros. Esta cantidad correspondía a la diferencia entre los 3,7 millones pagados por 1,5 millones de mascarillas FFP2 y el valor de las mascarillas recibidas, que eran de una calidad muy inferior y mucho más baratas.

Ahora, el Ejecutivo de Marga Prohens reclama la totalidad del dinero pagado a Soluciones de Gestión SL, los 3,7 millones de euros por el cargamento de 1,5 millones de mascarillas que ahora son totalmente inservibles puesto que han caducado.