El Consell de Mallorca despedirá a cuatro educadores del IMAS con décadas de experiencia
El IMAS se ha negado a buscar una solución para estos educadores que ha mantenido en plantilla durante más de 20 años
Los despide porque no tienen una titulación que hasta ahora nunca se les había exigido
Baleares: los interinos que hayan ocupado una plaza antes de 2016 no tendrán que examinarse
El proceso de estabilización en la Administración pública que se ha puesto en marcha para reducir el número de interinos se va a traducir en el despido de al menos cuatro personas en el Consell de Mallorca, concretamente en el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS). Son cuatro personas con décadas de experiencia laboral como educadores en un organismo tan importante como el IMAS, que tiene las competencias en la protección de menores. Un organismo cuya gestión política está en entredicho debido al escándalo de los abusos sexuales a menores tuteladas.
Los cuatro educadores que serán despedidos tienen más de 55 años de edad y tres de ellas son mujeres con experiencia de entre 20 y 30 años. Estos cuatro trabajadores se han visto sorprendentemente excluidos del proceso de estabilización por un cúmulo de actuaciones incomprensibles y anómalas y la falta de interés por parte del Consell hacia su propio personal.
Era el año 2002 cuando los afectados accedieron como educadores al Consell de Mallorca a través de la bolsa ordinaria resultante de unas oposiciones que superaron aunque se quedaron sin plaza. En estas oposiciones el requisito de titulación académica fue el Bachillerato a pesar de que en 1991 ya se había puesto en marcha la diplomatura de Educación Social.
Años después el IMAS decidió aumentar el requisito de titulación, siendo necesaria la diplomatura de Educación Social o habilitación equivalente. No todo el personal que accedió con el Bachillerato pudo habilitarse al no disponer de la diplomatura quedando en una situación compleja ya que no podrían presentarse en las siguientes oposiciones de su especialidad.
Las oposiciones no llegaron hasta 2019 perso sus plazas no se vieron afectadas. Ahora, en 2022, el proceso de estabilización sí que les afecta directamente. El IMAS reconoce que mantener a estos trabajadores en su sitio durante años ha sido una anomalía pero no acepta su culpabilidad, y la mejor forma que tiene de solucionar su mala actuación es no buscar ninguna solución para evitar que el personal afectado quede excluido del proceso de estabilización y se vea abocado al despido.
Llama la atención que el IMAS no haya buscado una solución para estas personas en concreto dado que su inminente despido se debe a una situación irregular que ha provocado el propio Consell de Mallorca. El asunto es más grave si cabe cuando se trata de educadores con décadas de experiencia y que han trabajado como cualquier otro educador social, formando parte del equipo técnico en casos de tutelas de menores y participando activamente en procesos judiciales derivados de las actuaciones propias del área de menores del IMAS.
En definitiva, se trata de trabajadores que lo han dado todo para atender a un colectivo muy vulnerable, y por desgracia muy afectado últimamente por el escándalo que ha copado múltiples portadas y titulares en los medios de comunicación como es la explotación sexual de menores tuteladas.
Los cuatro educadores han realizado durante años su trabajo con un coste económico inferior a los sueldos del personal con titulación universitaria y ahora, como premio, tienen el despido que les apartará definitivamente de la Administración para seguir desarrollando su pasión, la atención a menores vulnerables.
Son trabajadores con la categoría de temporales durante décadas, lo que supone un fraude de ley provocado el propio Consell de Mallorca. Ahora, con el proceso de estabilización, derivados de la Ley 20/2021, no se
producirá una sanción real al abuso tal y como exige la jurisprudencia europea. Por el contrario, el Consell se acoge a una normativa que aplica sólo cuando les conviene, y sobre todo si es para justificar su ensañamiento
con los trabajadores que durante años han aspirado a tener un empleo estable en la Administración y que esta les ha negado sin ningún tipo de miramiento.
En el IMAS su lema es Cada Persona Importa, pero está claro que para su presidenta actual hay excepciones en el lema dado que no parece importarle el futuro laboral de cuatro de sus empleados.
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