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Un concejal separatista de Mallorca agrede a dos policías y trata de impedir una posible detención

El atestado policial hace constar que el político tenían sintomatología de haber ingerido grandes cantidades de alcohol

La Policía Local de Capdepera denuncia al regidor de Fiestas del municipio, el separatista Joan Campis (Mes per Mallorca) por agredir a un agente y tratar de impedir la identificación de un sospechoso en una pelea. La madrugada del pasado 1 de enero, en torno a las 03:30 horas, una intervención rutinaria de la Policía  por una supuesta agresión acabó derivando en un grave incidente institucional protagonizado por el concejal, según consta en el atestado policial al que ha tenido acceso OKBALEARES.

De acuerdo con el relato de los agentes actuantes, el edil irrumpió de manera reiterada en la intervención policial, interponiéndose físicamente ante los funcionarios y obstaculizando de forma grave y continuada su labor. La patrulla se encontraba atendiendo a una persona herida y tratando de identificar al presunto agresor cuando el concejal comenzó a increpar a los agentes, adoptando una actitud que las fuentes consultadas califican de «abiertamente hostil, desconsiderada y carente del más mínimo respeto institucional».

Los policías aseguran que, ante esta situación, solicitaron al concejal en repetidas ocasiones, de manera clara y concisa, que cesara en su comportamiento y permitiera el normal desarrollo de la actuación. Sin embargo, lejos de colaborar, el edil hizo caso omiso a todas las indicaciones, persistiendo en una conducta que dificultó tanto la asistencia sanitaria a la víctima como la identificación del presunto agresor, comprometiendo seriamente la eficacia del servicio policial.

Según el informe, el concejal presentaba un acusado estado de nerviosismo y una sintomatología compatible con la ingesta de bebidas alcohólicas, circunstancia que habría contribuido a agravar la tensión del momento. Mientras uno de los agentes se encontraba auxiliando al herido, el concejal incrementó su nivel de agitación, llegando presuntamente a agarrar por la fuerza en varias ocasiones a uno de los policías por partes del uniforme y del chaleco protector, zarandeándolo de forma violenta.

Ante esta intromisión física directa, y con el único objetivo de garantizar la atención a la víctima y preservar la integridad de la intervención, el agente se vio obligado a realizar una maniobra de rechazo proporcional para zafarse del agarre y continuar con su labor asistencial, siempre según la versión recogida en el atestado.

Lejos de deponer su actitud, el concejal habría continuado profiriendo en voz alta expresiones de carácter vejatorio, ofensivo y humillante contra los agentes presentes, cuestionando su profesionalidad y menospreciando su trabajo. Frases como «con lo que cobráis esta noche, para que os estáis tocando los huevos» o «no tenéis vergüenza, siempre hacéis lo que os da la gana, me tenéis que obedecer» consta literalmente en el informe policial, junto a otras expresiones de similar tono.

Fuentes policiales subrayan la extrema gravedad de los hechos, no solo por la interferencia directa en una actuación de emergencia, sino por tratarse de un cargo público con responsabilidades de gobierno, cuya conducta —afirman— «supone un ataque frontal a la autoridad policial y un desprecio absoluto a los principios básicos de respeto institucional y convivencia democrática».

Minutos después del incidente se personó en el lugar la alcaldesa separatista del municipio, Núria García,  a quien los agentes informaron detalladamente de lo ocurrido y del comportamiento mantenido por el concejal hacia los funcionarios públicos. Hasta el momento, no ha trascendido si el equipo de gobierno municipal ha abierto algún tipo de investigación interna o si se adoptarán medidas políticas o disciplinarias al respecto.

Desde distintos ámbitos se reclama una explicación pública y responsabilidades políticas ante unos hechos que, de confirmarse en todos sus extremos, dibujan un escenario especialmente preocupante: el de un representante público interfiriendo presuntamente bajo los efectos del alcohol en una actuación policial, increpando, vejando y llegando al contacto físico con agentes que se encontraban asistiendo a una víctima.

El suceso ha generado un profundo malestar en el seno de la Policía Local y reabre el debate sobre el respeto institucional, los límites de la actuación política y la ejemplaridad exigible a quienes ostentan cargos públicos. Fuentes próximas al caso ya han anunciado que si la alcaldesa o la Jefatura no tramitan o tratan de minimizar los hechos, interpondrán una denuncia contra ellos por prevaricación.