Compras convertidas en un agujero negro financiero: pagos realizados sin pruebas de entrega, ni de uso

• Julio Bastida @juliobastidag
• Delegado de OKBALEARES, ex jefe de sucesos de Ultima Hora y presentador de El Perímetro de Fibwi.
• • 23/12/2025 05:59
  • Actualizado: 23/12/2025 05:59

Durante los meses más críticos de la pandemia, el Govern balear de Francina Armengol pagó más de 106 millones de euros en material sanitario: mascarillas quirúrgicas y FFP2, guantes de nitrilo, buzos de protección y test rápidos. Cinco años después, una auditoría económica revela que 45,6 millones de euros no pueden ser rastreados: no hay actas de recepción, ni certificaciones de entrega, ni evidencia de que el material llegara efectivamente a hospitales o centros de salud.

El análisis de 60 expedientes del Servicio de Salud de Baleares muestra que, aunque la mayor parte de los precios pagados se aproximaba a los de otras comunidades autónomas, no existen garantías de control ni de trazabilidad. Entre las compras más significativas, destacan mascarillas quirúrgicas por 11,3 millones de euros, test rápidos por 6,2 millones, guantes de nitrilo por 2,9 millones, y FFP2 y FFP3 con casos de sobreprecio de hasta el 51% respecto al precio medio del mercado.

Casos concretos reflejan la gravedad de la situación. Por ejemplo: el contrato SSCC PE 191/20 para mascarillas quirúrgicas y test rápidos incluía 500.000 unidades de mascarillas a 1,40 € la unidad, el doble del precio promedio de la época (0,70 €). El proveedor: Innjoo Technology SL y Add Valorem Finance SL.

En el expediente SSCC EM 247/20, los guantes de nitrilo se pagaron a 0,29 € la unidad, frente a un precio medio de 0,16 €, lo que representa más del 20% de la muestra en ese material. El expediente SSCC EM 230/20 registró mascarillas FFP3 a 8,40 €, frente a un precio medio de 4,31 €, representando el 86% del gasto en ese material. El proveedor: Tyrval Import Export.

Además, hay evidencias de que algunas compras fueron fraccionadas deliberadamente para evitar controles internos y otras se realizaron mediante licitaciones simplificadas que prescindieron de comparativas de precios y referencias de mercado. La auditoría subraya que, en algunos casos, las facturas carecían de documentos que acreditaran la entrega efectiva y que no se siguieron los procedimientos de recepción ni de almacenamiento seguro.

Aunque estas compras representan solo una fracción del total, ponen de manifiesto prácticas de contratación poco justificables y una gestión que roza la opacidad. La falta de trazabilidad convierte la auditoría en un rompecabezas: no se puede determinar qué material llegó a los hospitales, qué se utilizó realmente y qué desapareció en la cadena de distribución.

El informe también advierte que la ausencia de pistas de auditoría claras hace imposible verificar la cantidad de material suministrado, su calidad o su uso final. Esto convierte las compras en un agujero negro financiero: pagos realizados sin pruebas de entrega, ni de utilización, un escenario que abre la vía a posibles investigaciones judiciales por malversación, prevaricación o negligencia grave.

Expertos en gestión pública recuerdan que, aunque la emergencia sanitaria exigió rapidez, la urgencia no puede sustituir la rendición de cuentas. La contratación directa y la ausencia de controles pueden implicar responsabilidad penal o administrativa, sobre todo si se prueba que los sobreprecios o la falta de registros fueron sistemáticos.

Lo que comenzó como una acción urgente para salvar vidas se ha convertido, cinco años después, en un caso emblemático de opacidad y falta de control, con preguntas que siguen abiertas: ¿A dónde fue ese dinero? ¿Existieron responsables? Y, sobre todo, ¿cómo se recupera la confianza de los ciudadanos tras semejante agujero financiero?

Esta auditoría deja una lección incómoda: la emergencia sanitaria no puede ser excusa para la impunidad. Para las administraciones públicas, el caso balear es un recordatorio de que la transparencia, la trazabilidad y el control son tan vitales como el propio material sanitario en tiempos de crisis. El desafío ahora es que la justicia y la sociedad obtengan respuestas claras, y que se implementen mecanismos que eviten que millones de euros desaparezcan sin dejar rastro en futuras emergencias.