Ciudadanos denuncia ante la UE la inmersión lingüística obligatoria en catalán en Baleares

Ciudadanos ha denunciado este jueves en Bruselas ante el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, la inmersión lingüística obligatoria en catalán que se ha impuesto y blindado en la nueva Ley de Educación de Armengol y sus socios y que excluye el castellano como lengua vehicular. Dada la pasividad del Gobierno de Pedro Sánchez, el partido liberal pide a la Comisión Europea que actúe y tenga en cuenta estos hechos en su próximo informe sobre el Estado de Derecho en España.

Los eurodiputados Maite Pagaza y Jordi Cañas, y la coordinadora de Ciudadanos en Baleares y portavoz parlamentaria, Patricia Guasp, han dado a conocer una carta enviada a Reynders por Pagaza, vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo, dentro de la campaña permanente de denuncia de la vulneración de derechos en España.

En declaraciones en el Parlamento Europeo, Guasp ha cargado contra el gobierno de Francina Armengol y sus socios nacionalistas y populistas por la ley educativa balear, “que blinda el 50% al menos de horas lectivas en catalán, no establece un mínimo para la lengua castellana y deja en manos de los centros educativos la libertad de imponer la inmersión lingüística hasta el 100%”.

En esta línea, la portavoz de Ciudadanos Baleares ha insistido en que el Govern de Armengol «está incumpliendo reiterada y sistemáticamente junto a sus socios nacionalistas y populistas de Podemos las sentencias del Tribunal Supremo, que ya son jurisprudencia».

“Las autoridades educativas deben garantiza el 25% al menos de horas lectivas y una asignatura troncal en lengua castellana”, ha señalado Guasp, quien ha recordado que “actualmente, hay 120 familias de Baleares que han solicitado al Govern recibir clases en castellano en al menos el 25% de las horas lectivas y en al menos una materia troncal o de carácter análoga”.

“Con el beneplácito y la omisión del señor Sánchez, el Govern balear usa la educación como herramienta para construir ese modelo identitario también en Baleares como han hecho ya en Cataluña”, ha denunciado. “Pedimos amparo a las instituciones europeas para garantizar los derechos de las familias y alumnos hasta ahora cercenados por el Govern”, ha añadido la portavoz de Cs Baleares.

Pagaza ha subrayado la importancia de pedir ayuda a Europa cuando hay ciudadanos discriminados y su Gobierno mira a otro lado. “Si los gobiernos regionales no aplican los derechos fundamentales, debería ser el Estado el que solucionase la cuestión. Esa negligencia, posiblemente dolo, es lo que comunicamos una y otra vez a la Comisión Europea”, ha añadido.

Jordi Cañas ha asegurado que la piedra angular de la política de Ciudadanos es la defensa de los derechos y libertades, también en Bruselas, “cuando esos derechos están amenazados por el nacionalismo excluyente y el Gobierno no hace caso para lograr el apoyo de esas formaciones”. “En Cataluña, Baleares, Galicia, Comunidad Valenciana, Navarra y País Vasco las lenguas son elemento de confrontación, se usan para construir una identidad nacional que enfrente a los ciudadanos y en Europa no se permite violar derechos fundamentales. Los derechos no son de las lenguas, son de las personas”, ha insistido.

En la carta a Reynders, Ciudadanos denuncia que “es extremadamente grave e intolerable que bajo la retórica de la protección de una lengua minoritaria haya discriminación y violaciones de derechos fundamentales, pero también que el Gobierno, que debería hacer cumplir la ley, no lo hace”.

La eurodiputada Maite Pagaza explica el incumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a ofrecer al menos un 25% de español en aulas de toda España, de acuerdo con la Constitución. “Como saben, la administración catalana no lo cumple y se ha declarado en rebeldía. El Gobierno balear ha aprobado una Ley de Educación autonómica que establece un modelo monolingüe y bajo inmersión lingüística del catalán, que deja toda la potestad a los centros educativos y que, una vez más, vulnera los derechos lingüísticos de los menores. Las familias afectadas se están movilizando en Baleares, se han presentado 120 denuncias para mostrar su rechazo a la inmersión lingüística obligatoria en catalán y su claro apoyo a la presencia del castellano como lengua vehicular”.