‘Caso Multimedia’: los socialistas condenados sólo devolverán 260.000 de los 517.000 € robados

• Álvaro Moreno @AlvarMoreno_
• Redactor en OKBALEARES. Antes en CANAL4 y esRadio
• • 08/01/2025 06:55
  • Actualizado: 08/01/2025 10:07

Los dirigentes socialistas condenados por prevaricación, fraude a la Administración y tráfico de influencias en el marco del caso Multimedia sólo deberán devolver 260.000 de los 517.000 euros que sustrajeron indebidamente. El fiscal solicitaba que se restituyesen 407.194 euros y la Abogacía de la comunidad autónoma de las Islas Baleares un total de 110.224 euros. El caso se cerró con penas mínimas para los ex altos cargos socialistas, en el que ha sido el primer caso de corrupción que ha afectado a una administración pública dirigida por el PSOE balear. El abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, forzó al fiscal Juan Carrau para que diese carpetazo al asunto, una vez los ex dirigentes admitieron haber delinquido con dinero público para evitar así ingresar en prisión.

Delinquir con dinero público sale barato a los condenados por casos de corrupción. Y muy caro a los ciudadanos de Baleares. Los ex altos cargos socialistas que reconocieron en el juicio del caso Multimedia que habían delinquido con el dinero de todos los contribuyentes deberán devolver sólo la mitad del dinero del que se adueñaron. Ése fue el acuerdo al que llegaron tras la llamada que el abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, realizó al fiscal Juan Carrau con el objetivo de cerrar el caso cuanto antes y evitar así más desgaste público para el PSOE en las Islas Baleares.

En el juicio todos los implicados pactaron penas de prisión, pero con la total seguridad de que no ingresarían en la cárcel. El fiscal llegó a pedir hasta 156 años de prisión para los 11 acusados. Se acordó una indemnización total de 260.000 euros y cada uno de los condenados abonaría parte de ese dinero en función de su responsabilidad en el citado caso de corrupción en el plazo de un año. Tienen hasta el 1 de noviembre de 2025 para abonar la totalidad de esos 260.000 euros.

Los delitos por los que los ex dirigentes socialistas fueron condenados el pasado mes de octubre de 2024 consisten en prevaricación de fondos públicos, fraude a la administración y tráfico de influencias. Los hechos juzgados se cometieron entre los años 2007 y 2010, durante el segundo Govern del Pacte, con Francesc Antich como presidente autonómico.

Entre los condenados se encuentran el ex senador socialista Antoni Manchado, quien durante esa época era consejero delegado de la Sociedad Multimedia, así como el concejal socialista de Calvià Francisco Cano, padre de la ex diputada de la misma formación Silvia Cano, o el que fuera propietario de la productora audiovisual, Miquel Oliver.

Confesaron haber delinquido

El PSOE no se podía permitir que más dirigentes socialistas fuesen a declarar a los Juzgados a causa del gran revuelo mediático que causaría. Iba a tener que desfilar por los juzgados una gran cantidad de dirigentes socialistas. Una pena del telediario que el PSOE no podía asumir. La solución para los socialistas fue que los acusados se confesasen públicamente culpables de los delitos derivados de la corrupción y el uso indebido de fondos públicos.

Fue precisamente Antonio Camacho, actual abogado de Begoña Gómez y quien fuese ministro del Interior con José Luis Rodríguez Zapatero, quien forzó al fiscal Carrau a dar carpetazo al caso Multimedia.

¿Qué es el ‘caso Multimedia’?

La mecánica para enriquecerse injustamente consistía en sustraer a la Administración recursos materiales, presentando facturas con datos falsos que después eran certificados por los funcionarios correspondientes de forma deliberada.

Dichas certificaciones contenían resoluciones administrativas que permitían el pago «injusto», según el fiscal, por unos trabajos que no representaban ninguna utilidad a la Administración o bien eran una copia de informes anteriores o habían sido obtenidos directamente de páginas de Internet, facturándose trabajos no realizados o por horas de dedicación no existentes.

En total, el Ministerio Público hizo referencia a más de una decena de contratos presuntamente ilícitos dentro de las dos áreas creadas bajo la dirección de dos de los acusados.