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El Govern y diversas entidades piden a la Unión Europea políticas de vivienda específicas para Baleares

La UE ha anunciado un plan para promover la construcción de viviendas a precios asequibles

El IBAVI gestiona 2.362 viviendas para una lista de 4.366 personas a la espera de una adjudicación

El programa del Govern 'Construir para alquilar' tiene planificadas 4.000 vivienda en una primera fase

Entidades que combaten la problemática de la vivienda, así como el Govern, ven loable la voluntad de la Comisión Europea de dar pasos «palpables, concretos y eficaces» en esta materia y reclaman que se atiendan las circunstancias concretas de cada territorio y, en concreto, las singularidades que presenta la emergencia habitacional en Baleares.

En este sentido se han pronunciado en declaraciones a Europa Press representantes de la Red Europea de la lucha contra la pobreza en Baleares (EAPN) y de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en Mallorca, que aunque ven con buenos ojos las intenciones de las instituciones europeas, lamentan que sólo se impulsen políticas cuando la crisis llega a determinados colectivos después de décadas asolando a las clases vulnerables.

Desde el Govern, por su parte, celebran el impulso que las instituciones quieren dar a las políticas de vivienda por la importancia de la problemática en el territorio al tiempo que reivindican las medidas que el Ejecutivo presidido por Marga Prohens está desarrollando.

La Comisión Europea quiere dar pasos concretos en materia de vivienda para desempeñar un papel más relevante en este ámbito, pero sin dejar de respetar los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, ya que pretende «apoyar y no tanto sustituir» a los Estados miembros y las entidades locales, que seguirán teniendo las principales competencias.

Así lo ha indicado recientemente el vicepresidente de la Comisión y responsable de la Promoción de Modo de Vida, Margaritis Schinas, durante un debate sobre vivienda asequible en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia), informa Europa Press.

«El acceso a una vivienda asequible, incluida la vivienda social, sustenta no solo la cohesión social, sino también el crecimiento europeo y la competitividad», afirmó. El vicepresidente de la Comisión ha insistido en que la vivienda será una prioridad en el próximo ciclo político y ha anunciado que por primera vez Bruselas pondrá en marcha un plan para abordar los factores estructurales de la emergencia habitacional.

El director técnico de EAPN Baleares, Andreu Grimalt, aunque valora la voluntad de las instituciones europeas, ha lamentado que se haya tenido que esperar a que la emergencia habitacional llame a la puerta de las clases medias y determinados colectivos como los funcionarios o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad «a pesar que desde hace muchos años los colectivos vulnerables ya sufrían este drama».

Los planes de la UE sobre vivienda

Los planes de la Unión Europea consisten a grandes rasgos en ofrecer asistencia técnica a los Estados y las ciudades y en impulsar, más allá de regulaciones, recursos adicionales para afrontar la falta de inversión en el sector de la construcción y reforzar la oferta.

Así, se estaría trabajando junto al Banco Europeo de Inversiones (BEI) en una plataforma de inversión para la vivienda asequible con el objetivo de atraer inversiones públicas y privadas. La Comisión propondrá inyectar liquidez en el mercado permitiendo a los Estados miembro duplicar las inversiones previstas de la política de cohesión en vivienda.

Grimalt ha expresado sus dudas respecto a la efectividad que pueden tener las medidas impulsadas desde Bruselas y cuántas competencias pueden asumir, atendiendo igualmente al hecho de que los mismos partidos -en referencia a PP y PSOE- que «nunca han mostrado valentía», son las formaciones mayoritarias en las instituciones comunitarias.

Para Grimalt, la clave de estas futuras políticas pasa antes que nada por dejar de pensar en la vivienda como un bien de mercado y priorizar su función social.

Por parte de la PAH, su portavoz, Àngela Pons, ha reclamado que las políticas comunitarias tengan en cuenta las especificidades de cada territorio y que los medios que se movilicen vayan destinados única y exclusivamente a ayuda social y vivienda pública, entendiendo que la construcción privada «está más que protegida».

Pons subraya que sólo adquiriendo viviendas vacías de grandes tenedores ya se estarían consiguiendo resultados inmediatos. «Si mañana desahucian a un compañero, no tendría que esperar dos años para tener una alternativa», argumenta. La representante de la PAH insiste en que Baleares y Palma, junto a otras CCAA y capitales, se enfrentan a un problema habitacional «muy serio» con los residentes entre los principales perjudicados.

Los activistas en defensa de los afectados por las hipotecas, aunque admiten que hay suelo donde construir, ahondan en el hecho de que, al menos en el archipiélago, hay mucha vivienda vacía susceptible de ser rehabilitada, a precio más bajo que la nueva construcción.

Por su parte, el director general de Vivienda y Arquitectura, José Francisco Reynés, hace hincapié en que en Baleares, como en otras regiones europeas similares, una problemática que es global se acentúa aún más por la condición de territorio limitado con el añadido de una presión turística que no distingue entre grandes ciudades o pequeños núcleos.

«Si se llega a plantear una actuación a nivel comunitario de una intervención del mercado de la vivienda se debería analizar el impacto real en un territorio como el nuestro», argumenta.

Tanto la EAPN como la PAH coinciden en el contexto de emergencia habitacional que atraviesa el archipiélago y la necesidad de activar medidas urgentes.

Desde la PAH, advierten que son cientos los casos de viviendas en las que se ven obligadas a convivir dos o tres familias, con los efectos psicológicos que esta circunstancia está teniendo sobre la población. «No son para nada casos aislados», alertan.

Grimalt, por su parte, insiste en la necesidad de que las políticas de vivienda tomen un giro de 180 grados a fin de evitar que situaciones como los asentamientos de caravanas o las infraviviendas pasen de anécdota a generalizarse.

«Si ahora se acelerara la construcción de vivienda pública, aún se necesitarían unos 15 años para poder tener un parque en condiciones», advierte, lo que a su juicio lleva a «muchísimas personas a seguir condenadas a no poder acceder a un derecho como es la vivienda».

Situación de la vivienda en Baleares

Con datos de enero de este año, el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) gestiona 2.362 viviendas para una lista de 4.366 personas a la espera de una adjudicación. En el último año, esta cifra ha bajado un 6,7% por la adjudicación de viviendas, pero también por las bajas por diversos motivos.

La PAH, por su parte, pone el acento sobre los 1.000 desahucios que se registraron el año pasado en Baleares y en los 178 que se tienen constancia según datos oficiales en el primer trimestre de este año.

Además, los activistas tienen constancia de unas 40.000 viviendas vacías de grandes tenedores, con datos de 2022, y sobre el hecho de que el 70% de los propietarios que tienen viviendas en alquiler no están registrados, circunstancia que impide a los inquilinos optar a las ayudas públicas.

Ante este escenario, el Govern, a través de un plan de choque con varias líneas de actuación, aspira, en una primera fase, a que salgan al mercado más de 7.000 viviendas a precios asequibles para los residentes.

En concreto, el programa Construir para alquilar tiene planificadas unas 4.000 viviendas y en una primera fase ya se han firmado convenios con ayuntamientos para construir unas 1.800 viviendas, la mayoría (1.200) en Palma.

Con el programa Alquiler seguro, que se presentará próximamente, se espera sacar al mercado en una primera fase entre 2.000 y 3.000 viviendas vacías con precios un 30% por debajo del precio de mercado.

El Ibavi está planificando a día de hoy la construcción de 600 viviendas protegidas. El Ejecutivo autonómico prepara, además, una nueva ley de vivienda, que está ahora en proceso de consulta previo a la elaboración del borrador del anteproyecto.