Baleares pide ahora la intervención de la Unión Europea para frenar el alquiler turístico

El conseller balear de Turismo, Iago Negueruela, y la consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores, Rosario Sánchez, se reunirán este martes en Bruselas con la directora europea de Turismo y Digitalización de Mercado Interior, Valentina Superti, para reclamar más exigencia a las plataformas digitales ante la oferta ilegal de alquiler turístico.

Así lo ha indicado el conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo y portavoz Ejecutivo balear en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern. Baleares quiere que, con el nuevo reglamento que apruebe el Parlamento Europeo, las plataformas sólo puedan anunciar alquileres que tengan números de licencia inscritos en los registros oficiales, de manera que no se puedan publicitar alquileres ilegales.

Además, según Negueruela, la discusión gira en torno a la «responsabilidad jurídica» de estas plataformas como intermediarias en caso de incumplimientos. En detalle, Baleares plantea que las autoridades turísticas competentes en el territorio puedan sancionar a las plataformas que alberguen anuncios de oferta ilegal, después de que el Tribunal Supremo tumbara en 2021 la multa de 300.000 euros impuesta por el Govern a Airbnb.

El Ejecutivo autonómico  ve «lógico» obligar a que estas plataformas estén interconectadas a un sistema de registro: «No estamos pidiendo nada exagerado». Para Negueruela, ese primer punto evitaría tener que llegar al segundo, el de las sanciones.

Y es que como ha argumentado Negueruela, la discusión no gira en torno a la legalidad del alquiler vacacional, que ya está regulada por los territorios, sino alrededor de la «responsabilidad jurídica» de estas plataformas como intermediarias en caso de incumplimientos. Al fin y al cabo, ha razonado el conseller, estas empresas se están «beneficiando» de publicitar una actividad ilegal.

Por ello, Baleares plantea que las autoridades turísticas competentes en el territorio puedan sancionar a las plataformas que alberguen anuncios de oferta ilegal, después de que el Tribunal Supremo tumbara en 2021 la multa de 300.000 euros impuesta por el Govern a Airbnb. «Que alguien publicite algo que un Estado dice que es ilegal parece un poco complicado de justificar», ha apuntado.

El conseller ha lamentado que el mercado esté controlado prácticamente por sólo cuatro grandes multinacionales que tienen «mucha fuerza en Bruselas» y «han hecho mucho lobby». Por ello, los dos consellers baleares mantendrán una serie de encuentros para intentar hacer «presión» para que la nueva regulación, que podría cerrarse durante la presidencia española de la Comisión, recoja sus reivindicaciones.

Se trata de una nueva iniciativa del Govern de Armengol para frenar la creación de nuevas plazas turísticas en Baleares y para reducir el número de viviendas vacacionales.

La nueva ley turísticas de Baleares incluye una congelación de nuevas plazas turísticas para los próximos cuatro años.  Durante este tiempo no podrán comprarse nuevas plazas de las bolsas de Mallorca, Ibiza y Formentera. En el caso de Menorca, que no tiene bolsa de plazas, se aplica la congelación para nueva oferta.

Durante estos cuatro años, los consells insulares podrán determinar, a través de sus planes territoriales insulares, si se recuperan esas plazas hoteleras y de alquiler turístico o se dejan extinguir.

Esta moratoria afecta a las plazas hoteleras y a las de alquiler turístico, que en el caso de las bolsas de Mallorca, Ibiza y Formentera ahora mismo suman un total de 18.718, de las cuales 8.486 corresponden a Mallorca, 7.000 a Ibiza y 3.232 a Formentera.