Arranca en Ibiza el desalojo del último gran poblado de chabolas donde malvivían 130 saharauis

Arranca en Ibiza el desalojo del último gran poblado de chabolas donde malvivían en torno a 130 personas, la mayor parte de ellos temporeros saharauis. El Ayuntamiento ha procedido a ello después de recibir el pasado 20 de marzo una notificación de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Palma, que autorizaba la entrada, desmontaje y limpieza de esta parcela privada conocida como Sa Jovería.

En el operativo se han instalado unas carpas junto al acceso situado próximo al recinto ferial, donde hay técnicos de los servicios sociales para dar una primera atención a las personas que lo puedan precisar. Además, en la UTS Eixample varios técnicos recibirán a personas derivadas desde la carpa y se tramitarán las prestaciones que pudieran tener lugar.

Por ahora, el Consistorio ha facilitado ubicaciones temporales de alojamiento de emergencia para siete unidades familiares, más siete plazas para adultos sin cargas familiares, un total de 14.

La mayoría de los pobladores de este campamento chabolista había abandonado durante el fin de semana y la pasada madrugada la zona, y sólo dos permanecían en el lugar cuando ha comenzado a desplegarse el operativo.

Se han inspeccionado una veintena de infraviviendas, todas ellas deshabitadas, que serán derribadas en las próximas horas. El Ayuntamiento había solicitado a los propietarios, mediante un procedimiento de orden de ejecución, el cumplimiento del deber de conservación de la propiedad con la retirada exhaustiva de los residuos y demás actuaciones necesarias en la parcela.

Ante la imposibilidad de hacerlo por parte de la propiedad, se inició el procedimiento judicial que ha autorizado la entrada, desmantelamiento y limpieza de dicha parcela, que posteriormente será vallada para evitar que esta situación se vuelva a producir.

En esta parcela se habían ido estableciendo infraviviendas, casetas y tiendas de campaña.

El Ayuntamiento había advertido de que los ocupantes vivían allí sin unas condiciones mínimas de higiene y seguridad, sin fosas sépticas, sin agua potable, sin tratamiento de residuos, y con grave riesgo tanto para su salud, como para su seguridad, al existir riesgo de plagas y un alto riesgo de incendio, ya que se identificaron hornillos, estufas, bombonas de gas y demás elementos destinados a cocinar y a hacer fuego.

Entre la documentación presentada por el Ayuntamiento y que forma parte del expediente y procedimiento judicial se encuentran varios informes de distintos organismos y entidades. En estos informes se señalaba el riesgo ambiental y sanitario asociado por posible contaminación del suelo y, en su caso, de aguas subterráneas, así como aumento del riesgo de episodios infecciosos vinculados a condiciones de higiene insuficientes.